Los inspectores municipales de Consumo han inmovilizado desde el pasado 30 de junio y hasta el 28 de octubre 1.565 prendas de vestir e inspeccionados un total de 79 establecimientos.

La concejala de Relaciones Institucionales, Turismo y Consumo de Cort, Joana Maria Borrás, manifestó asimismo que su dapartamento ya ha remitido los primeros expedientes de infracción a la dirección general de Consumo del Govern, órgano que tiene el deber de tramitarlas y proponer la actuación o la sanción que considere oportuna en función de la infracción cometida por el comercio en cuestión.

La concejala manifestó, asimismo, que la nueva ordenanza municipal por la cual el Ayuntamiento asume las competencias en materia de inspección de Consumo, ya es plenamente vigente puesto que el Govern ha agotado el plazo para recurrir por la vía judicial la inclusión de la prerrogativa municipal y no lo ha hecho.

Desde que entró en vigor la nueva ordenanza, los inspectores municipales se han centrado básicamente en los comercios de ropa y textil, establecimientos en los que se dan habitualmente más problemas en cuanto al correcto etiquetado de los productos.

Cuando se detecta una remesa de género que no dispone de todos los requisitos, se procede a su precintado e inmovilización para que no se pueda vender. El objetivo de estas inspecciones es que todos los comercios de la ciudad estén controlados, actúen legalmente y en igualdad de condiciones.

La concejala hizo las anteriores declaraciones en el transcurso de la presentación de una línea de subvenciones para el pequeño comercio destinadas a promover la eficiencia energética y el ahorro.

En conjunto se pretende poder llegar a entre "500 y 600" pequeños comercios con ayudas máximas de 200 euros "que pueden servir para pagar el IBI o el recibo de la incineración", según la concejala. La línea de ayudas está dotada con 100.000 euros. Las subvenciones consistirán en el pago de las facturas que acrediten el gasto realizado por el comercio en la mejora de la eficiencia energética o la sostenibilidad hasta un máximo de 200 euros por establecimiento. Los gastos se pueden haber realizado entre los meses de junio del año pasado y septiembre del actual. Se tendrán en cuenta aquellas actuaciones tendentes al ahorro de agua, energía, minimización del ruido y de la emisión de dióxido de carbono y que tengan que ver con la implantación de sistemas de gestión ambiental.