La decisión ha costado años, pero el equipo de gobierno de Cort ha dispuesto que el edificio Flex, situado en el número 207 de la calle Aragó, sea demolido en los próximos meses.
El teniente de alcalde de Hacienda, Andreu Alcover, y la concejala de Urbanismo, Yolanda Garví, explicaron ayer que la resolución se ha tomado una vez que la semana pasada quedara desierto definitivamente el concurso convocado para la venta de este inmueble, de propiedad municipal desde 2004, por permuta de solares del Ayuntamietno con el Govern.
A lo largo de estos meses se había estudiado la posibilidad de rehabilitar el inmueble, aunque finalmente se descartó por su elevado coste ya que el proyecto suponía un gasto superior a los 10 millones. Una vez que ninguna empresa privada se ha interesado por hacerse con la propiedad del edificio, el equipo de gobierno ha decidido su demolición.
En la junta de gobierno de hoy se aprobará el proyecto de ejecución y se iniciará su licitación por un importe de 789.634 euros, incluyendo los gastos del tratamiento de residuos. De hecho, estos últimos son los que encarecen la actuación, puesto que la retirada de escombros tiene un coste de 520.000 euros sobre el total.
Se prevé que el proceso de licitación esté ultimado en diciembre con el fin de que las obras de derribo puedan iniciarse en enero. La intención municipal es que el solar en el que se levanta el edificio quede limpio y vacío en el primer trimestre del próximo año. El derribo se realizará planta por planta con una retroexcavadora y tendrá una duración aproximada de seis semanas.
Paralelamente se está trabajando para el desalojo del edificio por parte de las personas que lo ocupan. En estos momentos, según la concejala Yolanda Garví, se tiene constancia de que aún viven en este inmueble seis personas de las 22 que había a principios del pasado mes de junio, cuando se inció el proceso de desalojo.
Orden judicial de desalojo
Se prevé que paralelamente a la licitación de las obras del derribo se obtenga la orden judicial para el desalojo de las personas que aún ocupan el inumeble y que no lo abandonen voluntariamente.
En relación al uso que se dará al solar resultante, la concejala de Urbanismo recordó que éste está condicionado al convenio de cesión por parte de la Comunitat Autònoma. En este documento se especifica que, como mínimo, se le debe dar un uso terciario, en el que caben almacenes, comercios y el administrativo.
El 45 por cieno restante se destinará a equipamientos. En cualquier caso, sea cual sea el uso que finalmente se dé al futuro edificio que se pueda levantar en el solar, ésta será público.
Garví recordó asimismo que existe un compromiso con las asociaciones de vecinos de las barriadas colindantes para estudiar conjuntamente con ellas el destino de parte del futuro inmueble.
