Javier Rodrigo de Santos ya está en la cárcel y parece que pasará allí mucho tiempo. Tiene que cumplir quince años de prisión tras ser condenado por abusar de menores y por malversación de fondos públicos. El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma tomó ayer esta drástica decisión porque temen los jueces que el ex concejal de urbanismo de Palma pueda huir.

El ingreso en prisión fue solicitado por el fiscal José Díaz, el mismo que llevó el peso de la acusación en el caso de los abusos sexuales cometidos por De Santos, por el que fue condenado a trece años y medio de prisión. En la vista de ayer el fiscal no sólo se refirió a la gravedad de los delitos cometidos por el acusado, sino que subrayó el riesgo de fuga porque el acusado dispone de medios para huir y evitar cumplir la larga pena de prisión que pesa sobre él.

José Ignacio Herrero, el abogado defensor, se opuso a esta petición del fiscal y presentó una serie de documentos referidos, entre otras cuestiones, al tratamiento contra la drogadicción que sigue su cliente, a la demostración escrita que se presentaba cada día en una comisaría de policía y a los informes médicos que recomiendan que siga el proceso de deshabituación.

El tribunal, que dio a conocer su decisión dos horas después de concluir la vista, señala en su resolución que "existe un elevado grado de desconfianza" respecto a que Rodrigo de Santos respete la situación de libertad provisional que disfrutaba y a que no le preocupe perder la fianza de 100.000 euros que aportaron sus padres y huya para evitar la cárcel.

Otro argumento que justifica que el acusado ingrese en prisión antes de que la sentencia sea firme es la larga pena a la que se enfrenta. Las penas de 15 años de prisión es causa suficiente, a juicio de los jueces, para que el acusado "abrigue o al menos valore seriamente la posibilidad de darse a la fuga".

La Sala, por otra parte, no tiene muy claro, y así lo refleja en su escrito, cuál es el actual domicilio del ex concejal del PP. El acusado aportó un contrato de alquiler de un piso de Madrid donde afirma que vive con su mujer y sus hijos, pero cada día se presenta en una comisaría de Aranda de Duero, en Burgos.

También ponen en duda los jueces que el acusado tenga un compromiso serio con la terapia de desintoxicación que realiza. Este tratamiento se realiza en una clínica de Madrid, pero Rodrigo de Santos parece que reside en Burgos. Por ello, los jueces creen que si acude a Aranda del Duero todos los días "no parece que pueda al mismo tiempo ser tratado seriamente de su adicción a las drogas", dada la distancia que existe entre Burgos y Madrid.

Conducta desconcertante

Sin poner en duda que Rodrigo de Santos es un adicto a las drogas, el tribunal recuerda que las personas en esta situación son proclives a mantener conductas y decisiones "imprevisibles y desconcertantes", y que que, "en un momento de desesperación ante el negativo horizonte de ingresar en prisión durante un largo tiempo de su vida" podría optar por "darse a la fuga, sin importarle la fianza constituida por sus padres".

Una vez que ya ha ingresado en prisión, la única esperanza que le queda a De Santos para no cumplir los 15 años es que el Supremo acepte su recurso.