El ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), Joaquín Vaquero, declaró ante el magistrado del juzgado de instrucción número 11 de Palma, Manuel Penalva, que investiga los presuntos manejos corruptos del ex director de la empresa municipal, Óscar Collado, que éste hacía descuentos a determinadas compañías aseguradoras que no figuraban en las facturas que la empresa pública les giraba por los servicios prestados.

Collado está siendo investigado por presuntos delitos de malversación de caudales y falsedad documental. Fue detenido por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía el pasado junio, permaneció algunos días en prisión y ahora se encuentra en libertad condicional bajo fianza.

Vaquero compareció ayer en calidad de testigo ante el magistrado Penalva, quien se interesó también por el sistema de venta de sepulturas que se practicaba en la empresa. El ex gerente –fue nombrado en agosto de 2007 y dimitió por pérdida de confianza de la alcaldesa, Aina Calvo, en julio de 2008– explicó que, cuando él asumió la gestión de la empresa, la venta de unidades de enterramiento era una cuestión que "llevaba directamente Collado".

Una de sus primeras tareas consistió en "estandarizar y regularizar" los distintos precios existentes de nichos y sepulturas, que eran distintos en función de circunstancias tales como la ubicación o la capacidad, y pudo constatar que "la venta de un determinado grupo de sepulturas las negociaba directamente Collado".

En relación a los descuentos que se realizaban a las compañías de seguros –no a todas–, el ex gerente confirmó que se trataba de unas tarifas no aprobadas ni por el consejo de administración ni por el pleno del Ayuntamiento, como es preceptivo.

Asimismo, indicó que, cuando al principio del actual mandato reunió a los representantes de todas las compañías aseguradoras con el fin de tratar la cuestión de los descuentos y legalizar las tarifas, algunos le aseguraron que "tenían dificultades contables para cuadrar los pagos en negro de las subvenciones que recibían por parte de la funeraria", refiriéndose a los descuentos ilegales que Collado les practicaba.

Otra cuestión por la que se interesó el juez fue la relativa a las relaciones del ex director con las empresas proveedoras de la funeraria y, en especial, con aquellas que les suministran los ataúdes. Una de las cuestiones que investiga el juez es la relativa a la compra de una remesa de cajas mortuorias por un importe de un millón de euros sin que, previamente, hubiera mediado concurso alguno. Vaquero explicó que a él también le había llamado la atención el elevado stock de ataúdes existente y se lo preguntó al ex director. Collado le respondió que se debía a la necesidad de disponer de cajas mortuorias suficientes en caso de que se produjera una catástrofe.

El ex gerente explicó asimismo al magistrado que también le llamó la atención el hecho de que las compañías aseguradoras respondieran afirmativamente y de inmediato su propuesta de "rebajar un 20%" el precio de los ataúdes, hecho que relaciona con un supuesto sobreprecio impuesto por Collado.

En esta cuestión, relató al magistrado que un proveedor le contó que la compra por valor de un millón respondía a que Collado "había hecho un favor a esta empresa distribuidora porque estaba pasando apuros de liquidez".