El gerente de Urbanismo de Cort durante la última legislatura, amén de artífice de la campaña autonómica del PP en 2003, se sienta en el banquillo por presuntos abusos y corrupción de cuatro menores, que se habrían producido en su mayoría en el domicilio del ex teniente de alcalde. Para qué seguir. La ley autoriza a Rodrigo de Santos a mentir en su defensa pero, dado el tono arrogante de que revistió sus declaraciones previas al juicio, conviene recordarle que es un hombre deshecho a sí mismo. No tiene por qué descargar sobre los anónimos contribuyentes, ni sobre sus intermediarios de la prensa, el daño que él haya podido infligir a los allegados en quienes ahora se escuda de continuo. Su esposa fue secretaria general técnica de 2003 a 2007 en la conselleria de Interior.

Al destaparse sus reiterados gastos en prostíbulos con fondos públicos, Rodrigo de Santos declaró que "no les pedía el DNI" a sus acompañantes. Ayer, ante un tribunal profesional sin las debilidades de un jurado popular, no derramó ni una sola lágrima. Tampoco se le quebró la voz. Al margen de los hechos que resulten probados en sentencia, menospreció a sus presuntas víctimas, haciendo que inmigrantes rimara con ignorantes en contradicción con el camino seguido por las denuncias.

Rodrigo de Santos se limita a aplicar la doble moral de los sectores ultrarreligiosos, que en esta ocasión no exigen histéricamente cadenas perpetuas ni cumplimientos íntegros de las penas. Antes al contrario, los líderes espirituales intentaron sofocar las denuncias. El concejal puede agradecer a sus dioses que sólo esté siendo juzgado por seres humanos. El único complot a su alrededor lo capitaneó él. Al PP y a la política mallorquina ya no puede hacerles más daño.