Un constructor mallorquín ha declarado a los investigadores de la presunta trama de corrupción en torno a la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM) que, hace unos años, el antiguo edil del PP de Palma José Carlos Tous, ya fallecido, le pidió una comisión por hacer unas importantes obras en el cementerio de Son Valentí. El empresario, que tiene la condición de testigo, sostiene que el soborno que le exigía Tous era de casi medio millón de euros, un 15 por ciento del proyecto, de más de tres millones de euros, para ampliar el camposanto municipal.
El empresario era uno de los principales proveedores de la Funeraria. Tous fue concejal de Pompas Fúnebres en un consistorio con Joan Fageda como alcalde. Después, y hasta 2003, fue gerente de la EFM. El constructor dice que Tous no le pidió el dinero para él, sino para otros dirigentes del PP de rango superior, aunque algo podría caerle al intermediario.
El testigo ha explicado también que no quiso aceptar el soborno. El constructor añadió que, en vista de las circunstancias, planeó presentarse al concurso convocado por la Funeraria para la reforma del cementerio de Son Valentí, pero luego desistió de participar en la licitación y, finalmente, otra empresa se adjudicó las obras.
Otro concejal fallecido
El proveedor de la Funeraria ha manifestado sus sospechas de que otro concejal del PP, Joan Bauzá, también fallecido, podría haber estado al tanto de la tentativa de soborno.
El juzgado de instrucción 11 de Palma investiga, bajo secreto sumarial, una presunta trama de corrupción en torno a los cementerios municipales y que se habría desarrollado a lo largo de varias legislaturas. El principal acusado es Óscar Collado, ex gerente de la EFM y auténtico factótum de la funeraria municipal durante muchos años.
Los investigadores también tratan de aclarar si la empresa del Ayuntamiento pagó unos trabajos de pintura en una vivienda particular de José Carlos Tous, a la sazón gerente de la EFM.
En el sumario, y ante el grupo policial de Blanqueo de Capitales, han prestado declaración varios propietarios de tumbas y otras unidades de enterramiento, personal de la EFM y proveedores de esta sociedad de capital público.
De momento, ha trascendido la imputación de tres personas: Óscar Collado, defendido por José Ignacio Herrero; el constructor Juan Perelló, asesorado por Gabriel Garcías y José María Alonso; y la edil del PP Marina Sans.
