La ex presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), Marina Sans, declarará mañana, a partir de las 12.00 horas, ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 11, Manuel Penalva, que investiga el caso funeraria, en el que la ex responsable de esta empresa ha sido imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Sans, asistida por el abogado Rafael Perera, deberá comparecer así ante el juez para ser interrogada por su posible implicación en las supuestas irregularidades cometidas en la pasada legislatura a través de la Funeraria, cuyo ex gerente, Óscar Collado, es el principal imputado en la causa por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, cohecho y fraude a la administración por los que podría enfrentarse a una pena de cárcel que oscila entre los 14 y los 16 años.

Cabe recordar que la investigación de la contabilidad de la empresa municipal se inició a raíz del escándalo de los viajes privados que realizaron Collado y Sans, que fueron facturados en la pasada legislatura a esta empresa pública por una cantidad superior a los 7.000 euros. De hecho, Sans, ingresó en la cuenta de la funeraria un total de 6.833,93 euros correspondientes a nueve facturas de viajes privados realizados por sus familiares en la pasada legislatura y que habían sido sufragados por la empresa pública.

Con esta nueva imputación, ya son cuatro los encausados dentro del caso funeraria, ya que a las de Sans y Collado se suman también la del constructor Juan Perelló, quien supuestamente realizó obras para la funeraria y se le atribuye haber proporcionado facturas falsas a Collado, y la de Ataúlfo del Hoyo, ex asesor jurídico de la empresa municipal a quien se le implica en parte de las irregularidades detectadas.

El caso funeraria, que se encuentra bajo secreto sumarial, investiga las supuestas irregularidades cometidas por el ex gerente mediante la sustracción de dinero de la caja y el cobro de comisiones en la compraventa de tumbas y ataúdes.

La investigación comenzó después de que el Ayuntamiento de Palma detectara una serie de supuestas facturas y contratos irregulares en la Funeraria Municipal de Palma que fueron puestos en manos de la Fiscalía al considerar que suponían indicios de cierta irregularidad.