Los investigadores del grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y de la fiscalía anticorrupción que tratan de esclarecer el presunto entramado de corrupción en torno a la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM) sospechan que el ex gerente de dicha entidad, Oscar Collado, preso por esta causa desde el sábado, pudo vender trozos de jardín o de viales de un cementerio como si fueran parcelas para tumbas. Otro encausado en el sumario, el constructor y aparejador Juan Perelló, admitió ante el juez que no cobró íntegramente sus emolumentos por todos los trabajos que realizó para la funeraria municipal.

Collado ingresó el pasado sábado por la tarde en el centro penitenciario palmesano por orden del juez que instruye el sumario, el magistrado Manuel Penalva.

El instructor tomó declaración al ex director gerente de la funeraria municipal que, básicamente, está acusado de lucrarse personalmente con fondos públicos mediante distintos sistemas: hinchado de facturas, comisiones, trapicheos con tumbas, ataúdes y lápidas, descuentos sin autorización a grandes empresas, etc.

Una de las líneas de investigación trata de aclarar si algunos particulares compraron a Collado dos parcelas de uno de los cementerios de la ciudad. Los clientes adquirieron estos metros cuadrados con la intención de habilitar en ellos unidades de enterramiento, pero cuando quisieron dar ese paso descubrieron que sus parcelas aparecían como zona de jardines o terreno no apto para tumbas.

El sumario sobre las presuntas irregularidades en la sociedad funeraria municipal está declarado secreto para tratar de garantizar el éxito de las pesquisas policiales y de la fiscalía anticorrupción.

Varias facturas no íntegras

En la causa también aparece imputado Juan Perelló, un constructor y arquitecto técnico que en los últimos años ha participado en importantes obras de la EFM. Perelló, defendido por Gabriel Garcías y José María Alonso, fue interrogado por la Policía y en el juzgado de guardia sobre varias facturas que, por servicios profesionales, giró a la empresa del Ayuntamiento.

El encausado está vinculado a Westie Inversiones, una constructora que se ocupó de la dirección de obras en los cementerios de Son Valentí y Sant Jordim, y en el antiguo Instituto Anatómico Forense.

Perelló habría admitido que no le pagaron íntegramente lo que aparece en esas facturas. Ahora se investiga quién se quedó con ese dinero, unas cantidades de entre unos cientos o unos pocos miles de euros por cada factura.

Jaime Rodríguez Viñals, defensor de Collado, recurrió ayer el auto de prisión ante el juez y, subsidiariamente, ante la Audiencia.

El recurso rechaza que existan razones para una medida tan drástica como la cárcel, puesto que Collado es una persona plenamente arraigada en Mallorca, está desvinculado de la EFM y no existe riesgo de fuga, ni de que altere las pesquisas.