Llama la atención que en una empresa pública como es la Funeraria de Palma –lo de la Sociedad Anónima no es óbice para que su capital siga siendo 100% municipal– un gestor pueda presuntamente e impunemente desviar dinero hacia su bolsillo y el de sus compinches. Este hecho denota que durante décadas también han fallado todos los controles habidos y por haber, tanto políticos como administrativos. Está claro que, al margen de las responsabilidades penales que en su caso corresponde determinar a la justicia, no sólo Óscar Collado debe responder ante los ciudadanos en su calidad de contribuyentes.