Agentes del Grupo de Blanqueo de Dinero de la Policía de Palma detuvieron ayer a Óscar Collado Edo, el ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM). La fiscalía Anticorrupción imputa inicialmente a Collado irregularidades en torno a unas decenas de miles de euros, pero ayer la operación seguía abierta y no se descartaba la aparición de nuevos cargos o la práctica de nuevos arrestos. De hecho, en la investigación también aparece implicado un empresario y arquitecto técnico, Juan P., que podría ser detenido en breve.

La operación policial se materializó en el seno de una causa abierta hace pocos días por el juzgado de instrucción 11 de Palma. Dicho juzgado incoó un sumario tras recibir una querella de la fiscalía Anticorrupción.

Collado fue durante años el gerente de la EFM, cargo que abandonó hace unos meses tras llegar a un acuerdo con el actual consistorio presidido por la socialista Aina Calvo. Desde hace unos meses, el sospechoso trabajaba en una oficina de una empresa de servicios. El ex ejecutivo fue interceptado por la Policía pasadas las 9 de la mañana cuando se dirigía desde su domicilio a la oficina.

Posteriormente, una comisión judicial de instrucción 11 y encabezada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach procedió al registro de su lugar de trabajo, donde se intervinieron diversos documentos, especialmente archivos informáticos. Fuentes policiales señalaron que el domicilio de Collado, situado en una lujosa zona de chalés del barrio de Son Rapinya, también fue registrado en busca de pruebas incriminatorias.

Óscar Collado, padre de Pau Collado, imputado en el sumario del caso Gürtel, fue conducido posteriormente a la Jefatura Superior de Policía, distante apenas 400 metros de su oficina. El arrestado quedó pendiente de ser interrogado y de pasar a disposición judicial.

El empresario investigado está al frente de una sociedad con domicilio en un chalé de la urbanización Bahía Azul de Llucmajor. En esta misma dirección está radicada la constructora que actuó como proveedora durante años de la Empresa Funeraria Municipal. Los investigadores realizaron ayer un registro en la sede de la sociedad.

Esta empresa ha realizado en los últimos años varios trabajos para la EFM, entre ellos la dirección técnica de las obras del cementerio de Sant Jordi, la ampliación del de Son Valentí y las importantes reformas en el Anatómico Forense que dio paso al Instituto de Medicina Legal de Balears.

Los investigadores presumen que los dos sospechosos pudieron concertarse para apoderarse de fondos públicos mediante diferentes sistemas. Anticorrupción piensa que se pudieron manipular expedientes de pequeñas obras encargadas por la funeraria municipal.

También se investiga si se produjeron anomalías a través de contrataciones directas, obviando los sistemas de adjudicación en el sector público.

Por otro lado, se sospecha que se pudieron falsificar algunas facturas para apoderarse de caudales públicos. Los investigadores de la Policía, fiscalía y la propia EFM llevan meses revisando expedientes y facturas de la época de Collado. Estas pesquisas han permitido descubrir posibles descuadres entre facturas pagadas y algunas obras u otras prestaciones cuya realización o materialización no aparece del todo clara. Las decenas de miles de euros que supuestamente se habrían desviado a fines distintos a los proyectados (se apunta a una cifra inicial de 60.000) corresponderían a obras menores o tareas de mantenimiento de tumbas, viales y otras infraestructuras de los cementerios municipales.

Viajes particulares

Collado también se vio salpicado el pasado febrero en el escándalo por el pago de viajes particulares de responsables de la funeraria municipal con dinero del Ayuntamiento. Los principales sospechosos de estas prácticas fueron el propio Collado y la edil del PP Marina Sans, presidenta de la EFM en la pasada legislatura. El ex gerente se apresuró a reintegrar los 3.069 euros a las arcas municipales correspondientes a dos facturas particulares pagadas por la empresa. La actual concejala del PP y ex presidenta de la EFM en el pasado mandato tardó unos días en devolver a la funeraria 6.800 euros de 9 viajes realizados por familiares suyos. El grupo municipal del Bloc puso en conocimiento de la fiscalía estos hechos a finales de febrero.

Precisamente, a raíz del pago de facturas y después de ampliar la investigación interna a otras cuestiones administrativas distintas, el Ayuntamiento detectó otras presuntas irregularidades que, tal como confirmó ayer el teniente de alcalde de Hacienda y vicepresidente de la Funeraria municipal, Andreu Alcover, también fueron puestas en conocimiento de los fiscales anticorrupción. Según ha podido saber este periódico, entre las presuntas irregularidades habría falsificaciones de facturas, así como alteraciones de documentos de pago y tiques de compra o de servicios.

Con posterioridad, agentes de la Policía interrogaron a distintos trabajadores de la empresa y se solicitó, también en varias ocasiones, distinta documentación referente a contratos, compras y proveedores, entre otras cuestiones. Todas estas peticiones, solicitadas por Anticorrupción, han sido atendidas durante estos meses por los responsables de la empresa.

El teniente de alcalde explicó ayer que el equipo de gobierno, tanto en este caso como en otros de presunta corrupción –en referencia a Rodrigo de Santos o al denominado caso Viñals– "siempre ha actuado con discreción", al tratarse de cuestiones que afectan a terceras personas.

Contactado por este diario, el Grupo Popular rechazó hacer valoraciones hasta conocer los cargos que se le imputan a Collado.