La nueva ordenanza que regulará la Inspección Técnica de la Edificación (ITE) da una de cal y otra de arena a los propietarios de los inmuebles. Por un lado, amplía los plazos establecidos en la normativa actual y los sustituye por otros "más realistas" en palabras de la concejala de Urbanismo, Yolanda Garví. Por otro, establece un régimen de sanciones más ágil, que permitirá imponer multas de 600 euros a los propietarios que no hayan pasado la inspección en tiempo y forma.
Los datos proporcionados por el departamento de Urbanismo no dejan lugar a dudas sobre el fracaso de la normativa actual, cuyo funcionamiento fue calificado ayer de "deficiente" por la concejala. A pesar de las sucesivas prórrogas concedidas en 2005 y 2006, sólo se han presentado un total de 1.740 informes de los más de 30.000 inmuebles de más de 25 años que, en principio, estaban sujetos a la revisión.
Si bien los particulares no han demostrado gran interés en el cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento, que la promulgó en su día, tampoco. De hecho, sólo ha informado 340 de los informes técnicos presentados.
La escasa dotación de personal del departamento (un arquitecto y dos auxiliares) no han dado para más. Esta situación también se solventará en parte puesto que el negociado se ha reforzado con cinco personas más. Ahora hay un arquitecto, dos arquitectos técnicos, dos administrativos y tres auxiliares.
Otra de las novedades de la nueva norma que sustituirá a la actual, consiste en la obligatoriedad de presentar junto con el informe de inspección un seguro obligatorio que cubra la responsabilidad civil por daños a terceros.
En el caso de que como consecuencia de la inspección se deban realizar obras de reforma o reparación, se mantiene la bonificación del 95% del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO). Con el fin de facilitar la identificación de los inmuebles que hayan pasado la inspección, se colocará una placa en su fachada, un dato que también supone una novedad de la nueva norma en relación a la actual.
Según Garví, la anterior temporalización de la aplicación de la norma, que implicaba en la práctica que en dos años debían haber pasado la inspección 30.000 inmuebles, no ses ajustaba ni a las posibilidades de las empresas ni de los agentes colaboradores, ni a las de la propia administración municipal. Por ello, se ha hecho un estudio sobre el número de edificios construidos en Palma desde 1900 y se ha temporalizado la presentación de la inspección prolongando su aplicación hasta diciembre de 2017 en el caso de los edificios construidos entre 1971 y 1980.
Según el estudio, están sujetos a inspección un total de 27.326 inmuebles. Los construidos con anterioridad a 1900 y los catalogados deberán haber entregado el certificado antes de diciembre del próximo año.
Se prevé que la nueva norma sea aprobada inicialmente en el pleno del próximo mes de julio, para, posteriormente, abrir un período de información al público y proceder, después del verano, a su aprobación definitiva. En cualquier caso, entrará en vigor antes de que acabe el presente año.
