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Ayer el teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Servicios Sociales y Cultura, Eberhard Grosske, se enfadó con los concejales del grupo municipal del PP que participaron en la comisión informativa extraordinaria de Urbanismo a cuenta de las quejas de los ediles conservadores sobre las dificultades que tienen para acceder a la información. El ex azote en el pasado mandato de los tenientes de alcalde conservadores reacios a dar información y todos los papeles que la legislación vigente permite, manifestó estar "un poco mosqueado" con las constantes quejas de los ediles del PP. Porque, les recordó, "tienen derecho a acceder a cualquier papel que obre en poder de este ayuntamiento". En cualquier caso, la denegación debe ser expresa y mediante la firma por parte de la alcaldesa de un decreto. "Y que yo sepa, no hay ningún decreto firmado por la alcaldesa al respecto, por lo que no sé en dónde se pierden los concejales del PP". Acto seguido se ofreció a hacerles de guía una temporada. Como se sabe, el ahora teniente de alcalde tiene experiencia en estas cuestiones, porque la anterior alcaldesa, Catalina Cirer, le denegó por escrito el acceso al expediente incoado al ex jefe de Realizaciones Urbanísticas, a raíz del informe emitido sobre la idoneidad del solar de Son Espases para el nuevo Son Dureta. El entonces líder municipal de EU-Els Verds acudió a los tribunales de justicia y le dieron la razón. De todas formas, el concejal del PP, Álvaro Gijón, aclaró que sabían perfectamente qué debían hacer para acceder a la información y los derechos que les asisten, aunque justificó su actitud porque consideraban que lo más idóneo era que fuera el concejal responsable del área o el presidente de la empresa o instituto quién les facilitara los documentos que piden.

Cambios en la línea conservadora

El nuevo estilo surgido tras el congreso nacional del PP, con el anunciado viraje hacia del centro, ha dado ya sus primeros frutos en Cort. Al menos aparentemente. En el pleno del pasado lunes el concejal del PP Álvaro Gijón no tuvo inconveniente en reconocer que su grupo había variado de actitud en relación a la necesidad de que el Ayuntamiento redacte una ordenanza que regule la instalación de antenas de telefonía móvil. De hecho, una propuesta similar que partió de los grupos municipales de la oposición durante el pasado mandato, fue rechazada de plano por el anterior equipo de gobierno. Incluso el entonces responsable de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, defendió que el Ayuntamiento no tenía competencias y que la normativa estatal garantizaba la inocuidad de estas instalaciones para la salud humana. Ahora en boca de Gijón, han entonado el mea culpa y recurren al viejo dicho de que rectificar es de sabios.