Las obras del Parc de sa Riera fueron recepcionadas por el anterior consistorio presidido por Catalina Cirer pese a las numerosas deficiencias detectadas, cuya reparación "rondará" el millón de euros, según las fuentes consultadas por este periódico. Informes posteriores realizados ya por el actual Consistorio han detectado más defectos, incluyendo los derivados del deficiente mantenimiento, cuyo coste puede duplicar al anterior.
La mayor zona verde de la ciudad fue ejecutada bajo la responsabilidad del teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal, Javier Rodrigo de Santos, que se enfrenta a una querella de la fiscalía por presunta malversación continuada de caudales públicos utilizando la tarjeta de la EMOP para pagar servicios en prostíbulos masculinos. Anticorrupción también investiga si incurrió en prevaricación al contratar a dedo el juego infantil instalado en el parque que emula al castillo de Bellver y que costó 1,4 millones, incluyendo la obra civil.
El acta de recepción del proyecto de urbanización de la zona B de la Cuña Verde (ahora Parc de sa Riera) fue firmada el 12 de abril de 2007, poco antes de su apertura oficial al público.
En este documento se hace constar que "las obras se hallan terminadas y que éstas han sido realizadas de acuerdo con el proyecto aprobado quedando pendientes los repasos", además de una larga lista de "trabajos" que se relacionan en un documento anexo al acta. En especial, menciona la necesaria reparación del pavimento de asfalto coloreado (slurry) y la zona de la pista de skate.
En el citado documento se establece un período de dos meses para finalizar los "repasos, acabados y trabajos pendientes". Tras un "detenido reconocimiento de las obras ejecutadas" los integrantes de la comisión de recepción consideraron que éstas, a excepción de las incluidas en la lista de acabados, estaban "aparentemente" en buen estado y "son aptas para ser entregadas al Ayuntamiento para destinarlas al uso público que considere oportuno".
Vicios ocultos
También se especifica que "la contrata viene obligada a reparar cualquier defecto que se presente en ellas o en cualquier otra parte de la obra y que no haya sido observado en el presente acto, además de a subsanar los vicios ocultos de la construcción".
El plazo de garantía se establece en "un año para la obra civil y de dos para la jardinería, que incluye el mantenimiento y conservación de la misma y la limpieza de las zonas no pavimentadas", tal como la unión temporal ofertó en su plica, según se especifica también en el acta.
Asimismo, se incluye un apartado por el cual el contratista se hará cargo de la conservación de la obra durante el plazo de garantía. Éste finaliza el próximo día 12 de abril.
En el documento anexo, la dirección facultativa, integrada por los arquitectos Manuel Ribas Piera, Carmen Ribas i Seix, Marta Gabás y el Técnico en Obras Públicas José Ramón Ledesma, hacen constar que "los trabajos pendientes de ejecución o deficiencias", por su entidad, "no impiden proceder" a su recepción. Señalan también que todo ello es "sin perjuicio que pidieran ser detectadas deficiencias en inspecciones o puestas en servicio futuras de los diferentes servicios municipales".
