La filial española de la empresa sueca Hags construyó la réplica del castillo de Bellver para el Parc de sa Riera después de disponer de un encargo firmado por el entonces teniente de alcalde de Urbanismo y presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMOP), Javier Rodrigo de Santos, y un posterior escrito de confirmación. Fuentes de la empresa, que trabaja para el ayuntamiento de Palma desde hace 21 años, consideraron suficientes estos dos escritos para iniciar primero el diseño del juego, que por sus características es único y exclusivo, y encargar posteriormente a su central sueca la elaboración de los elementos de la instalación, que pesa 107 toneladas y alcanza una altura de 9,78 metros. La factura del diseño del castillo, el suelo de goma de 76 toneladas y su montaje suma 1.092.000 euros, cifra que se corresponde con la especificada en el escrito de confirmación de la construcción del juego. A esta cantidad se añadieron 20.634 euros correspondientes a los aparatos de fitnnes instalados en el parque.

El total, de 1.113.000 euros, fue facturado primero a la EMOP y posteriormente, por indicación de la empresa municipal, a la unión temporal adjudicataria de las obras del Parc de sa Riera liderada por Acciona.

La diferencia de casi 300.000 euros entre la cifra facturada por Hags y el gasto de 1,4 millones autorizado posteriormente de forma irregular por el consejo de administración de la EMOP se debería, según fuentes de la empresa, a la obra civil necesaria para la cimentación de la construcción.

Las mismas fuentes indicaron que estos trabajos, aunque fueron supervisados por la empresa constructora del juego, fueron ejecutadas y facturados por la contratista.

Irregularidades

Las presuntas irregularidades en la tramitación de la adjudicación de este juego por parte de la empresa presidida por el ex teniente de alcalde están siendo investigadas por la fiscalía anticorrupción, por si se hubiera incurrido en un presunto delito de prevaricación.

La fiscalía también se ha querellado contra De Santos por un presunto delito de malversación continuada de caudales públicos por el pago de más de 50.000 euros a cuenta de la tarjeta visa de la EMOP en prostíbulos masculinos de Palma y la Península.

La carta firmada por De Santos y la ex gerente de la EMOP, Gloria Penalva, data del 23 de mayo de 2006. La confirmación del pedido es del 12 de septiembre. Con posterioridad, el 7 de febrero de 2007, el consejo de administración de la EMOP, fuera del orden del día y en el apartado de ruegos y preguntas, aprueba un gasto de 1,4 millones, acuerdo considerado nulo por los servicios jurídicos.