04 de abril de 2008
04.04.2008
corrupción. cuestionan la aprobación en 2007 del encargo verbal por la emop

Un informe jurídico declara nulo el contrato del castillo infantil

El actual Ayuntamiento pidió a sus abogados en octubre pasado un dictamen sobre el caso

04.04.2008 | 02:00
Javier Rodrigo de Santos, con la entonces alcaldesa Catalina Cirer, visitando unas obras.
Un informe jurídico redactado por abogados municipales ha declarado nulo el contrato verbal que supuestamente realizó el ex teniente de alcalde Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, investigado en un juzgado por supuestos pagos de vicios privados en clubes de alterne con una tarjeta de crédito oficial, en 2006 para instalar un castillo de juegos infantiles en el Parc de sa Riera, una operación que fue ratificada en abril del 2007 por el consejo de administración de la EMOP, una empresa municipal. Este expediente está siendo investigado por la fiscalía anticorrupción de Balears de cara a la presentación de una segunda querella contra De Santos y otras personas que pudieran estar vinculadas en una presunta prevaricación.
La Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos de Palma (EMOP), presidida entonces por el teniente de alcalde del partido Popular De Santos, aprobó en su última reunión de abril del 2007, poco antes de las elecciones municipales de mayo que dieron el consistorio a la coalición del PSOE-Bloc y Unió Mallorquina, de una forma atípica el gasto de 1,4 millones de euros para abonar el área infantil réplica del castillo de Bellver.
Anticorrupción investiga si De Santos, defendido por Bartolomé Vidal, prevaricó, a mediados del 2006, al solicitar verbalmente dicho equipamiento a la empresa sueca Hags prescindiendo de todas las normas de contratación administrativas. El edil de Urbanismo habría intentado antes encargar el castillo para niños a Acciona, la adjudicataria de la construcción del Parc de sa Riera, pero dicha empresa se habría negado ante las irregularidades administrativas del proyecto. Entre dichas omisiones destacaban la ausencia de presupuesto alguno y la no convocatoria de un concurso público para el diseño y construcción de los toboganes, rampas y pasarelas.

Sin informe jurídico

El castillo infantil se construyó e instaló en el Parc de sa Riera, pero no fue hasta abril del 2007 cuando la EMOP, sin ningún tipo de informe jurídico y sin haberlo incluido en el orden del día, aprobó el contrato en el turno de ruegos y preguntas de la última sesión antes de los comicios locales.
El actual consistorio, presidido por la socialista Aina Calvo, se encontró, de forma sorpresiva, con la factura de 1,4 millones que le reclamaba la multinacional Hags y que no ha pagado de momento.
El Ayuntamiento pidió, en octubre del 2007, a sus servicios jurídicos que emitieran un informe sobre la legalidad del contrato verbal y de su aprobación por el consejo de administración del EMOP. El dictamen, que está siendo estudiado por la fiscalía anticorrupción, llegó a la conclusión de que el expediente del castillo era nulo ante el cúmulo de irregularidades en su tramitación. Calvo denunció el caso ante la fiscalía después de conocer, hace poco, que De Santos habría pagado vicios privados en clubes de alterne homosexuales con una visa del EMOP.

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