Una carta que obra en poder de los investigadores acreditaría la supuesta prevaricación cometida por el anterior edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, del Partido Popular, al contratar irregularmente la construcción de un castillo de juegos infantiles para el parque de sa Riera. De Santos, que está acusado en otro sumario de presunta malversación de caudales por pagarse vicios privados con una tarjeta de crédito oficial, instó a la empresa Hags, una multinacional sueca especializada en juegos infantiles, a que construyera la réplica del castillo de Bellver con toboganes, rampas y pasarelas con rapidez a pesar de reconocer que el encargo no cumplía las normas administrativas de contratación.
El contrato verbal atribuido al ex teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, y presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos de Palma (EMOP), supuso un gasto de 1,4 millones de euros, que el actual Ayuntamiento presidido por la socialista Aina Calvo, considera excesivo y que tiene pendiente de abonar.
Documento clave
El consistorio de Calvo denunció ante la fiscalía anticorrupción este expediente, dado que en ningún sitio aparecía presupuestado el equipamiento infantil, su coste parecía al menos inflado en un diez por ciento, y se sospechaba que la contratación pudo ser irregular.
La fiscalía anticorrupción de Balears ha abierto unas diligencias informativas de cara a presentar una segunda querella contra De Santos y otras personas que pueden haber tomado parte en el extraño contrato. Inicialmente las diligencias de la fiscalía versan sobre un presunto delito de prevaricación, dado que se presume que la construcción del gran juego infantil se hizo con omisión de todas y cada una de las normas para la contratación por administraciones públicas. Entre los trámites que podrían haberse omitido se hallan la inclusión del equipamiento en un presupuesto y la convocatoria de un concurso público.
La carta enviada por el entonces presidente de la EMOP a la empresa Hags se ha convertido en un documento clave de cara a acreditar los indicios delictivos en la operación.
En esta misiva, Javier Rodrigo de Santos instaba a la multinacional a diseñar e instalar el equipamiento a pesar de reconocer que el expediente administrativo estaba incompleto.
El gran parque infantil, con una superficie de 3.500 metros cuadrados, y una altura máxima de 10 metros, fue construido y Hags remitió una factura por 1,4 millones de euros, 232 millones de pesetas.
En las diligencias informativas de la fiscalía ya ha declarado, en calidad de imputada, Gloria Penalva, gerente de la EMOP en la época de De Santos. Esta funcionaria ha reconocido que intervino en el expediente, pero ha venido a expresar que ella "cumplía órdenes" del teniente de alcalde de Urbanismo.
Otra persona también ha declarado como testigo.
