La fiscalía anticorrupción de Balears interrogó el pasado viernes, y en calidad de imputada, a Gloria Penalva, la funcionaria que en la anterior legislatura ocupó el cargo de gerente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMOP), una entidad que otorgó verbalmente el contrato para construir el castillo de juegos infantiles en el Parc de sa Riera, una operación objeto de investigación. Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach han abierto unas diligencias informativas por este contrato, cuya principal responsabilidad se atribuye al ex edil del PP Javier Rodrigo de Santos, acusado en otro procedimiento de pagar vicios privados con una tarjeta oficial del EMOP.
Las diligencias informativas pretenden fundamentar una posible querella, en principio por prevaricación, contra el anterior teniente de alcalde de Urbanismo por el Partido Popular, que inicialmente aparece como el responsable del extraño contrato verbal para encargar la construcción de una réplica del castillo de Bellver adaptada para juegos infantiles. No se descarta que pueda haber más imputados en la querella.
Apunta a De Santos
El equipamiento fue instalado en el nuevo parque de sa Riera y ahora el actual Ayuntamiento presidido por la socialista Aina Calvo se ha encontrado con una doble sorpresa: el castillo infantil no estaba presupuestado en ningún sitio y la empresa instaladora le reclama 1,4 millones euros, una cifra considerada excesiva.
Gloria Penalva, que el pasado 18 de marzo, y raíz de los ecos causados por la primera querella contra Javier Rodrigo de Santos por pagarse vicios privados en clubes de alterne homosexuales con una visa del EMOP, fue destituida por el Govern de su puesto en el consejo de administración de la empresa pública Caib Patrimoni, declaró el viernes en la fiscalía superior de Balears.
La funcionaria fue interrogada en calidad de imputada y asistida por un abogado. La ex gerente de la empresa pública municipal de Obras reconoció que tomó parte en la tramitación administrativa del expediente del castillo del parque, pero atribuyó al edil De Santos la responsabilidad directa en la operación. "Yo cumplía órdenes", vino a decir la alta funcionaria.
La fiscalía también ha tomado declaración a otro miembro del consejo de administración de la EMOP sobre el contrato del equipamiento infantil. Esta persona ha comparecido bajo la condición de testigo.
De Santos, defendido por Bartolomé Vidal, está pendiente de declarar el día 11 ante la jueza Ana María San José por una querella de Anticorrupción por presunta malversación continuada de fondos públicos. El político conservador ha alegado que sufre unas severas adicciones al sexo duro y a las drogas y se está sometiendo voluntariamente a un programa terapéutico en una clínica privada de Madrid.
Niega los sobornos
Penalva también fue interrogada acerca del sobrecoste del 10% que el actual Ayuntamiento calcula se ha producido en la factura del castillo infantil. Los fiscales se interesaron por saber si esos 140.000 euros de sobreprecio pudieron obedecer a algún tipo de soborno o comisión ilegal. La funcionaria rechazó saber nada acerca del sobrecoste y menos de comisiones abonadas en torno a este contrato, que fue denunciado ante el fiscal por la alcaldesa Calvo.
