31 de marzo de 2008
31.03.2008

Cort llevó a la fiscalía el expediente del castillo de juegos del parque de sa Riera

Debatirán en el pleno cómo afrontar el pago de 1,4 millones en caso de que deban sufragarlo

31.03.2008 | 02:00
Imagen de archivo del castillo de juegos infantiles del parque de sa Riera.
El Ayuntamiento llevó a la fiscalía anticorrupción el expediente del castillo de juegos ubicado en el parque de sa Riera. Cuando hace un mes la Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMOP) vio que no podía sufragar el coste de esta infraestructura, presupuestada en 1,4 millones de euros, se dio cuenta de que había una serie de supuestas irregularidades y decidió que fuesen los juzgados quienes aclarasen el asunto.
La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, explicó ayer que no consta el expediente de contratación "que debería tener una adjudicación por un importe tan elevado" y que, al encontrarse esta factura pendiente de pago, la EMOP encargó varios "informes jurídicos" sobre esta contratación realizada sin concurso público por el entonces concejal de Urbanismo del PP, Javier Rodrigo de Santos.
El expediente del castillo fue puesto en conocimiento del fiscal después de enviarle las facturas de la tarjeta Visa de la EMOP que De Santos utilizó para pagar clubes de alterne masculinos.

Debate en el pleno

Mientras la fiscalía anticorrupción intenta esclarecer cómo se contrató la construcción del castillo infantil y si el ex concejal de Urbanismo favoreció a alguien de su entorno, el actual equipo de gobierno de Cort quiere debatir en un pleno el pago de esos 1,4 millones de euros, en el caso de que tuviese que ser sufragado por las arcas públicas, según indicó Calvo.
Por ahora, Anticorrupción "no ha informado de nada" a la primera edil, aunque sí han solicitado más información sobre el caso.
Aina Calvo también recordó que "no constan en la EMOP todos los documentos a los que obliga una adjudicación de estas características y por este importe".
La empresa municipal "actuó ante la constatación de que hubo una irregularidad en la tramitación administrativa de la adjudicación", insistió Calvo, quien reiteró que llevar dicho asunto al pleno "es una decisión política que no tiene nada que ver ni con la investigación de la fiscalía ni con un proceso de querellas".
Y concluyó que hablar de que el consistorio se podría presentar como acusación si se abriera un proceso judicial sería "aventurado" y un paso "precipitado".

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