Javier Rodrigo de Santos, el ex edil por el grupo municipal del Partido Popular en Palma acusado de presunta malversación de fondos continuada, ha prometido, por escrito, ante el Ayuntamiento y el juzgado de instrucción 5 devolver todas las cantidades públicas que pudo haberse gastado en fines privados. El antiguo concejal de Urbanismo de Palma ha reconocido asimismo, a través de su abogado defensor Bartolomé Vidal, que el dinero ya devuelto a las arcas municipales es una liquidación provisional de su deuda.
El anterior teniente de alcalde de Urbanismo de Palma está acusado por la fiscalía anticorrupción de desviar, por lo menos, 50.804 euros de una cuenta bancaria municipal a gastos privados, en su inmensa mayoría servicios en varios clubes de alterne homosexuales de Palma. Javier Rodrigo de Santos supuestamente empleó una tarjeta visa de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos de Palma para pagarse vicios privados en los citados locales entre enero del 2006 y junio del 2007.
Dinero reintegrado
De Santos fue citado como imputado por la fiscalía anticorrupción el pasado 12 de marzo. Ese mismo día los fiscales interpusieron la querella contra él por presunta malversación continuada, sin darle tiempo a reintegrar el dinero presuntamente gastado irregularmente.
Sin embargo, a las pocas horas de la interposición de la querella el letrado Bartolomé Vidal hizo un ingreso en la mencionada cuenta del EMOP por 50.804 euros y remitió un escrito a la alcaldesa Aina Calvo informándole del hecho y poniéndose a su disposición por si en un futuro aparecían nuevas deudas.
El abogado también ha informado a la magistrada de instrucción 5 del reintegro de la suma reclamada y de que dicha liquidación es provisional, en espera de que se determine el alcance real del dinero público desviado.
Posible conformidad
De Santos ingresó hace unos días en una clínica privada madrileña para ser sometido a un tratamiento terapéutico para sus serias adicciones al sexo duro y a las drogas.
La estrategia de la defensa parece orientada a buscar una sentencia de conformidad, una rebaja en la posible condena ante la posible merma de voluntad que las adicciones habrían causado en el político querellado.
