En lo tocante a su presunta malversación de fondos, Rodrigo Santos se ha beneficiado del trato preferente que la justicia reserva a los Albertos. A raíz de este escándalo, Cándido Conde-Pumpido resaltó que "el fiscal siempre tiene que estar del lado de los estafados y no de los estafadores". En su soledad extrema, la fiscalía anticorrupción -o sea, Juan Carrau y Pedro Horrach- ha obedecido ese mandato para amparar a la ciudad estafada, a falta de definir judicialmente a su estafador.
Sin embargo, Rodrigo de Santos se negó a declarar, y sólo le ha faltado convocar una rueda de prensa para anunciar que se marchaba de la ciudad a la que presuntamente sustrajo millones de pesetas para su confort personal, tras confirmar el comercio sexual y su adicción a través de diversas fuentes. Se aproxima el momento en que se le considerará víctima del estrés causado por los vecinos de La Real.
Las evidencias y las señas de identidad de Casa Alfredo coinciden con el Rasputín. El caso de la expedición encabezada por Jaume Matas nunca llegó al juez. El fiscal jefe, Bartomeu Barceló, actuó de cancerbero, concluyendo que la devolución de la factura del prostíbulo moscovita anulaba cualquier responsibilidad adicional. En aplicación de esta doctrina, el reintegro por parte de Rodrigo de Santos de la cantidad extraída a Cort cancelaría también su culpa, y la del número creciente de políticos de Balears que subvienen a sus urgencias económicas apelando a la caja común. Por supuesto, el arrepentimiento sólo cundió en ambos casos tras descubrirse el escándalo prostibulario. También los Albertos fueron generosos a la hora de resarcir a sus denunciantes, para orillar la siempre engorrosa pena de cárcel. Por razones técnicamente impecables, una funcionaria de Sineu y un aparejador de Cort corrieron peor suerte que los financieros poderosos y los políticos de siglas dominantes, tras descubrirse los manejos económicos que protagonizaron contra las exigencias de su posición.
Entretanto, el negocio debe continuar. Un chapero ha puesto a la venta, por once mil euros negociables, un vídeo grabado por móvil que recoge imágenes excesivas incluso para consumidores de pornografía. Se trata de una fiesta en la que participan un cliente y tres personas, con todas las sustancias plásticas y químicas que se puedan imaginar. Son los riesgos de dejar facturas sin pagar.
