La malversación de caudales públicos es la acusación más grave a la que se puede enfrentar un cargo público por su gestión política. No en vano es un delito que se juzga frente a un jurado popular.
La querella que ha redactado el fiscal Carrau señala que la pena que puede cumplir Rodrigo de Santos por gastar el dinero de las arcas municipales en servicios sexuales puede suponer una condena de entre seis a ocho años de prisión. En este tipo de delitos el fiscal cuenta a su favor con que las operaciones económicas que se han realizado siempre aparecen reflejadas en documentos.
La causa contra el ex responsable del urbanismo de Palma ha tocado en sorteo al juzgado de instrucción número 5 de Palma. La jueza Ana San José deberá pronunciarse cuanto antes sobre la petición del fiscal de que De Santos sea llamado a declarar de inmediato. También reclama una fianza de 70.000 euros.
El fiscal detalla que De Santos se ha gastado el 41% del capital social de la empresa municipal que presidía en "saunas" masculinas. Con este dinero se puede pagar el sueldo del personal administrativo durante dos años.
