La junta de gobierno del ayuntamiento de Palma aprobó ayer la suspensión cautelar de la concesión de las licencias de edificación y demolición en las propiedades situadas en primera línea del término municipal.
El acuerdo municipal es consecuencia de la resolución de la dirección general de Costas del ministerio de Medio Ambiente de febrero de 2000, por el que se inicia el expediente de deslinde del dominio público marítimo terrestre en el tramo de costa correspondiente a la totalidad del término municipal de Palma.
El nuevo deslinde no afecta, sin embargo, a la zona portuaria, que comprende toda la franja litoral situada entre el Portitxol y el dique del Oeste. De esta forma, esta nueva suspensión no incluye los solares de Mapfre y Núñez y Navarro situados en primera línea de la fachada marítima del litoral de Llevant ni, en principio, el futuro solar en el que se levantará el palacio de congresos. Tampoco afecta a las obras de reurbanización que se están ejecutando en la zona.
Según se indica en el acuerdo aprobado ayer, los efectos de la suspensión se extinguirán con la aprobación del nuevo deslinde y, en cualquier caso, cuando hayan transcurrido dos años. En una pasada junta el punto quedó sobre la mesa para un mejor estudio, según explicó ayer la alcaldesa, Aina Calvo.
Las propiedades afectadas por el nuevo deslinde superan las 1.400, según la relación publicada en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) el pasado 10 de abril del presente año, fecha en la que se publicó el acuerdo de la dirección general de Costas, que data de 2000, por el que se autoriza la incoación del expediente de deslinde. La publicación del acuerdo en el boletín oficial inició también el período de información al público y la suspensión de la concesión de licencias y autorizaciones en el dominio público marítimo terrestre y su zona de protección.
El pasado día 24 de mayo, tres días antes de las elecciones locales, la sección técnica del Plànol de Ciutat informó la delimitación provisional del deslinde y el acuerdo está firmado por el ex teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos.
La nueva delimitación, de acuerdo con la Ley de Costas de 1988, establece como zona de dominio público marítimo terrestre el espacio comprendido entre la línea de bajamar y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos. A partir de esta línea, en zona urbana, se señalan seis metros como zona de servidumbre de paso y otros 16 como zona de servidumbre de protección.
Las construcciones existentes en zona de dominio público pueden ser objeto de concesión por un período de 30 años, prorrogable a otros 30. En la zona de servidumbre de tránsito no se permiten obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, aunque sí las pequeñas reparaciones que exija la higiene, ornato y conservación.
