El delegado del Gobierno en Balears, Ramón Socías, ha recurrido por vía judicial el acuerdo plenario del ayuntamiento de Palma del pasado 30 de junio por el que se aprobaron las condiciones generales de trabajo y las relaciones laborales del personal funcionario de Cort hasta 2008.

El recurso se interpuso el pasado lunes por parte de la abogacía del Estado ya que, por parte del ayuntamiento de Palma, no se ha aportado hasta el momento la documentación que subsane los trece puntos del acuerdo que Delegación del Gobierno considera ilegales. En el acto de interposición del recurso se solicita también al juez que, si lo estima oportuno, suspenda la ejecución del acuerdo, circunstancia que supondría la anulación de todo el articulado del convenio colectivo hasta que no se haya resuelto judicialmente el litigio, o bien de algunos de los puntos incluidos en el pacto.

El secretario general técnico de la delegación, Ramón Morey, manifestó que la impugnación judicial se ha interpuesto por cuestión de plazos, aunque si en un futuro el Ayuntamiento modifica las cuestiones consideradas ilegales se procederá a desistir de la vía judicial. De hecho, Ramón indicó que los técnicos del Ayuntamiento siguen manteniendo conversaciones con los abogados del Estado de la delegación con el fin de articular un texto acorde con la legalidad.

Morey indicó asimismo que algunas cuestiones pueden resolverse modificando la redacción del articulado, como la que hace referencia a las ayudas sociales, que no pueden considerarse de naturaleza salarial, aunque esta cuestión puede soslayarse, por ejemplo, constituyendo un fondo social. Asimismo, las cantidades previstas en concepto de jubilaciones anticipadas tampoco pueden tratarse como lo hace el pacto, sino que deben incluirse en un plan de empleo.

De momento, el Ayuntamiento no ha realizado una propuesta concreta para soslayar la ilegalidad de la cuarta paga extra, incluida en el convenio.

Según Morey, cuando la haya, al igual que en las demás cuestiones, "la aceptaremos o no en función de lo que nos digan los abogados del estado".

En cualquier caso, la adecuación del pacto supondrá modificaciones del acuerdo plenario adoptado. En última instancia, si no se desiste del recurso la cuestión deberá ser resuelta por el juez.