El precio que se paga en el mercado por el traspaso de una licencia de taxi concedida por el ayuntamiento de Palma se ha cuadruplicado en los últimos diez años.

Tal como admiten los presidentes de las asociaciones del taxi integradas en la Pimem y la Caeb, Gabriel Moragues, y Julio Nieto, respectivamente, en 1995 hacerse con una licencia suponía un coste económico de 39.065 euros, mientras que ahora ya supera los 156.000 euros y los 162.000 euros, según si entra o no en la transacción el vehículo y su estado.

Pese al incremento del precio que cobra el concesionario de una licencia -todas son de titularidad municipal- el Ayuntamiento ingresa en concepto de "derechos" la misma cantidad fijada en 1995 sobre un porcentaje del precio fijado a efectos de rescate (39.065 euros). De esta forma, si el traspaso se realiza a favor de un cónyuge, hijos políticos no separados de su cónyuge, a favor de un heredero forzoso o por fallecimiento del titular, el porcentaje fijado por Cort es del 3 por ciento.

Si la licencia se trasmite por donación intervivos a favor de una persona que no ostente las condiciones anteriores, se cobra un porcentaje del 10%. Y si se trasmite una licencia previamente rescatada por el Ayuntamiento, éste cobra el 100%.

El cobro de estos "derechos" de traspaso por parte del Ayuntamiento se introdujo en el reglamento municipal del taxi en 1995, cuando, a petición del sector, los responsables municipales decidieron "liberalizar" las transmisiones. Con anterioridad las transacciones monetarias que se realizaban a raíz de un traspaso eran irregulares.

Este sistema ha sido puesto en entredicho por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que considera nulo el artículo del reglamento en el que se estipulan los "derechos" de transmisión que cobra el Ayuntamiento.

Pese a ello, tanto Gabriel Moragues como Julio Nieto consideran que las transmisiones deben mantenerse "liberalizadas", aunque admiten que el Ayuntamiento deberá modificar el reglamento con el fin de legalizar el cobro de los derechos de transmisión. Moragues incluso está de acuerdo en la necesidad de incrementar la cuantía que cobra el Ayuntamiento, puesto que el precio del rescate de la licencia fijado en 1995 se ha incrementado considerablemente.

El presidente del gremio asociado a la Pimem aceptaría "como mal menor" la suspensión temporal de las transmisiones de licencias, mientras el Ayuntamiento recurre ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, "mientras se modifica el reglamento y se legaliza el cobro".

Por su parte, Julio Nieto recuerda que los taxistas no son culpables de que el Tribunal Superior considere nulo el artículo que incluye el pago de los derechos de traspasos, porque "no fuimos nosotros quienes plasmamos en forma de reglamento un acuerdo generalizado con el sector".