El nuevo Centro de Inserción Social (CIS) para presos y la cárcel para mujeres con hijos se ubicarán en dos solares que cederá el ayuntamiento de Palma a Instituciones Penitenciarias situados en el nuevo polígono de servicios de Llevant, junto a la depuradora del Coll d´en Rabassa.
La alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, cerraron ayer un principio de acuerdo, "pendiente de la valoración económica de los técnicos", que posibilitará derribar la antigua cárcel de la carretera de Valldemossa para la construcción de 103 viviendas de protección oficial. El acuerdo incluye la cesión por parte del ayuntamiento de Palma de dos solares de propiedad municipal situados en la finca de Son Falcó e incluidos en la denominada zona de servicios de Levante, que ahora está en fase de urbanización.
En esta nueva zona de usos industriales y de servicios Cort dispondrá de dos solares contiguos. El primero, de una superficie de 8.000 metros cuadrados y calificado como sistema general de seguridad, Instituciones Penitenciarias construiría el nuevo Centro de Inserción Social, al que acuden los presos que están en una situación de tercer grado.
Se trata de personas que están en la fase final de su condena, disponen de permiso para trabajar y sólo van a dormir a la cárcel. El segundo solar, adyacente al anterior, dispone de una superficie de 4.705 metros cuadrados y está calificado de equipamiento social. En este emplazamiento Instituciones Penitenciarias proyecta una cárcel para mujeres con hijos como experiencia piloto.
Como contrapartida, el Ayuntamiento recibiría el solar de la antigua cárcel de la carretera de Valldemossa, ahora ocupado por el centro de tercer grado.
Este solar está calificado en el Plan General de Ordenación Urbana como residencial. Tiene una superficie total de 11.798 metros cuadrados, en 5.160 de los cuales se pueden construir un máximo de 103 viviendas. Un total de 2.726 metros cuadrados se deben destinar a espacios libres públicos. Los viales y las infraestructuras ocuparán otros 3.911 metros cuadrados.
Descartado Son Castelló
El principio de acuerdo alcanzado implica, según la alcaldesa, descartar la posibilidad de ubicar el centro de inserción en un solar, también de propiedad municipal, situado en el polígono de Son Castelló. El Ayuntamiento había ofrecido este emplazamiento situado en la calle Gremi Selleters i Basters. No obstante, por su superficie, sólo era apto para el centro de tercer grado y no cabía la cárcel para mujeres con hijos.
Por otra parte, Mercedes Gallizo manifestó que el Gobierno "no ha variado ni tiene intención de variar su política de dispersión de presos etarras e islamistas", ya que se trata de actuación "que permite la defensa del Estado y no hay ninguna razón para cambiarla". La directora general insistió asimismo en que "estos presos, como todos los 52.000 internos, deben tener clara la firmeza del Gobierno en la aplicación de la ley".
