¿Gratis?

El artículo publicado en este diario el 12 de junio, La gratuidad del bus provoca un agujero económico de 40 millones de euros, invita a ir más allá del titular. El transporte público gratuito tiene una justificación social razonable: facilita desplazamientos, ayuda a muchas familias y puede reducir el uso del vehículo privado.

Ahora bien, conviene no confundir gratuidad para el usuario con ausencia de coste para el sistema. El billete no se paga al subir al autobús; se paga después, de formas menos visibles: mediante presupuestos públicos, deuda e intereses, o a través de esa discreta generosidad fiscal que soportamos los contribuyentes cuando ciertos parámetros estatales del IRPF, entre ellos, el mínimo personal y familiar, continúan esperando en la parada de 2015 mientras el coste de la vida sigue su propia ruta.

Además, una medida de estas características suele incrementar la demanda: se llenan antes los autobuses que el presupuesto. Si ese aumento no viene acompañado de más vehículos, más frecuencias o mejores conexiones, el resultado puede ser paradójico: un servicio sin pago directo para el usuario, pero sin capacidad suficiente. Ni de calidad.

La gratuidad tiene una virtud electoral evidente: se explica sola. Precisamente por eso, debería venir acompañada de financiación y oferta adecuadas y coordinación entre administraciones. De lo contrario, acaba pasando factura.