Óscar Puente

Me ha sorprendido saber que el ministro Oscar Puente, según sus propias manifestaciones, es licenciado en Derecho y ha ejercido la abogacía durante varios años. Digo que me ha sorprendido porque oyéndole cuando da explicaciones de cualquier tema no lo parece.

Siendo jurista, como él mismo manifiesta, es evidente que tiene la capacidad suficiente como para comentar y disentir de una resolución dictada por un tribunal de justicia. Para lo que no tiene capacidad es para no acatar esa resolución.

Me sorprende igualmente que, teniendo la formación jurídica que se arroga, no haya dicho una palabra contra el disparate jurídico que supone el hecho de que un tribunal formado no por jueces de carrera, sino por «juristas de reconocido prestigio», sea esto lo que quiera que sea (¿Cuánto prestigio?, ¿qué grado de jurista? ¿quién concede este título? ¿quién ha de reconocerlo?), se haya erigido en un Tribunal (?) Constitucional que se autoconcede, con el beneplácito del pleno del, Gobierno, en el que abundan licenciados en derecho y también jueces -nótese que tales titulaciones, voluntariamente, no van seguidas del adjetivo prestigiosasؙ- la capacidad, ilegítima, a mi modesto entender, y que manifiesto con la autoridad de la que alardea el ministro Puente, al tener su misma titulación universitaria y contar, seguramente, con más años de ejercicio de la abogacía que él, simplemente por superarle en edad. La capacidad, decía antes, de casar una sentencia dictada por un Tribunal, el Supremo, conformado por licenciados en Derecho, que, tras culminar sus estudios universitarios, se enfrentaron a una durísima oposición destinada a dotarlos de los conocimientos que la carrera de juez requiere, para después de superar todo y acreditar su capacidad para ello, ejercieron, curtiéndose como tales, en distintos juzgados y tribunales, adquiriendo la formación precisa para formar parte del más alto tribunal de este país. El Supremo, adjetivo éste que define la RAE como: ‘el que no tiene superior en su línea’. 

Ante tamaño desmán, el señor ministro, a pesar de su autoproclamada formación jurídica, guarda silencio y con ello comparte y, junto al resto de los miembros de su gobierno, proclama la idoneidad de que ese tribunal de no jueces de carrera, formado por miembros de «reconocido prestigio» puedan dejar sin efecto una sentencia dictada por un Tribunal compuesta por cinco magistrados profesionales de carrera.

No puedo imaginar, ni aun intentándolo, un caso más paradigmático de farelaw, del que el jurista Puente no sabe o no quiere disentir.