El colegio Aixa-Llaüt no puede perder sus derechos
Jacqueline Garcia de Arcos
El pasado 19 de mayo más de trescientas personas vinculadas al colegio Aixa-Llaüt levantaron su voz frente al Consolat de Mar. Madres, padres, alumnos y profesores, todos juntos con un mismo mensaje. ¿Qué reclamaban? Algo tan importante como el derecho a existir, el derecho a seguir siendo un centro educativo concertado como lo viene siendo desde hace 12 años.
La conselleria de Educació del Govern de Francina Armengol afirmaba que este centro no podía seguir siendo concertado porque no quiere cumplir la reciente Ley de Educación (LOMLOE) al negarse a convertir el colegio en un centro mixto en lugar de diferenciado, tal y como exige la legislación para ser merecedores de un concierto. Y eso es mentira.
El colegio ha manifestado su voluntad de implantar los cursos mixtos de forma progresiva, empezando por primero de Primaria en el curso 23-24. Así lo han hecho otros colegios de Mallorca en el pasado, de forma gradual. Los conciertos otorgados con anterioridad a nuestro colegio lo fueron con el modelo diferenciado, avalados por los tribunales y, por lo tanto, logrando así un «derecho adquirido» como se conoce en jurisprudencia. ¿Por qué Martí March quería obligar a Aixa-Llaüt a convertirlo en un centro mixto de prisa y corriendo y en todos sus cursos?
Al anterior Govern le interesaba mantener el debate entre el modelo mixto y el diferenciado. Sabían que tienen la actual legislación nacional de su parte y a ello se agarraban, a la Ley Celaá. Aun así, nuestra Constitución ampara el derecho a la libertad de enseñanza y el modelo diferenciado se ha aplicado con éxito en muchos países. Pero ahora no es este el debate.
Ahora hablamos de cumplir o no las condiciones que marca la nueva Ley de Educación para poder recibir un concierto. Y Aixa-Llaüt ha dicho que quiere cumplirlas. ¿Por qué entonces el Govern de Armengol nos quería retirar el concierto? Esperamos que el nuevo Govern que se constituya tras las recientes elecciones respete nuestros derechos adquiridos y que no tengan que ser los tribunales, otra vez, los que nos permitan continuar con nuestro derecho al concierto. El sentido común es el que debe marcar los siguientes pasos para resolver esta situación, por el bien del alumnado y de las más de 400 familias.