Esta conversación, por desgracia, puede llegar a ser realidad si se aprueba en el Congreso la nueva ley del aborto.

Días atrás se ha aprobado en el Consejo de Ministros un proyecto, de naturaleza totalitaria y de ingeniería social impulsado por el Gobierno, y que se manifiesta en su legislación, práctica política y parlamentaria. Un paso más hacia la cultura de la muerte.

Debemos defender la vida humana y la dignidad inherente a la misma en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Por esta decisiva razón y apelando a esa dignidad hay que oponerse a la regulación jurídica actual sobre al aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la experimentación con embriones humanos y todo atentado contra la protección de la vida humana.

Y para ello hay que expresar nuestro más absoluto repudio a la nueva reforma de la regulación del aborto que - sin esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la actual normativa- aprueba el aborto decidido por menores entre 16 y 18 años sin consentimiento, ni siquiera conocimiento de sus padres, y elimina el requisito del consentimiento informado. Estamos ante un recorte más, de los que vienen produciéndose, de la patria potestad totalmente inaceptable y peligroso.

Es una grave irresponsabilidad unir la práctica del aborto de menores, con la supresión de lo que ya era un menguado y limitado periodo de reflexión.

Además la limitación del derecho a la objeción de conciencia de la ley, que obliga al señalamiento oficial de los objetores, con todo lo que de discriminación para su vida profesional conlleva ante la actual dirección política de la sanidad pública es vergonzoso además de injusto.

Hay que recalcar que no es misión del Gobierno modelar a su antojo las conciencias y la moral de sus ciudadanos, ni de nuestros jóvenes y niños, ni lo que es verdadero o falso en el ámbito de la ciencia, de la historia y de la filosofía. El Gobierno debe arbitrar y moderar, pero no puede ser, a la vez, árbitro y jugador.

Esta ley es la gota que colma el vaso de un proyecto permanente de ingeniería social, despreciando la inteligencia de los españoles. El Gobierno con esta ley insiste en su pérdida de norte y sigue abandonando la senda de la constitucionalidad y la legitimidad. Por ello, debemos exigir una inmediata rectificación de este proceso que vulnera los principios de los derechos fundamentales, el primero de los cuales es el derecho a la vida, sobre el que se basan todos los demás derechos, y los valores que se desprenden de aquellos derechos fundamentales.