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Opinión

Saber interpretar y valorar las demandas de la ciudadanía

Una de las formas de expresión popular aportadas a lo largo del verano en Palma ha sido la de los sopars a la llesca organizados por la plataforma Brunzit que, entre otras cosas, se caracteriza por huir de los personalismos con la intención de reforzar el protagonismo colectivo. Nacidas el año pasado con el fin de reivindicar el espacio público para la ciudadanía y denunciar la turistificación urbana, este verano ha supuesto la consolidación de este tipo de encuentros. Se han celebrado nueve en distintos enclaves con una participación estimada en 4.000 personas. A la última, esta misma semana en el Born, acudieron 600 asistentes. Tuvieron que sortear la apatía del Ayuntamiento, el descontento de los restauradores y unos informes policiales que, de entrada, criminalizaban a los participantes y obligaron a retirar las terrazas. La desautorización de la cena por parte del Ayuntamiento, que tampoco la ha permitido en Cort, fue salvada con una autorización de concentración de la Delegación del Gobierno. No hubo incidentes, más bien un ambiente distendido y lúdico.

La posición municipal sobre el movimiento de los sopars a la llesca entra en clara contradicción. Mientras su versión oficial indica que «fomentan el dinamismo, la convivencia y la participación ciudadana», el hecho es que los ha prohibido en varias ocasiones. La plataforma Brunzit sostiene que Cort les ha puesto todos los «palos en las ruedas» que ha podido, eso cuando no ha optado directamente por el silencio. La falta de reacción no solo institucional, sino política en su conjunto, se está convirtiendo en una constante que habrá que corregir por necesidad ante la desafección ciudadana y los riesgos que comporta. Ocurrió con la manifestación del pasado 26 de julio en la que todo el foco de atención se ha puesto sobre las graves cargas policiales obviando el clamor del decrecimiento. También pasó con la cadena humana de Es Trenc, en la que la irrupción exhibicionista de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, acaparó protagonismo y sin que después la respuesta de la presidenta, Marga Prohens, entrara al detalle sobre las modificaciones introducidas por su Govern susceptibles de modificar la costa virgen del Migjorn. Las diversas manifestaciones ciudadanas, que ya se están convirtiendo en una constante periódica y que tienen como eje el acceso a la vivienda, la desaceleración turística y la protección del medio natural, no están hallando respuesta por parte de los actuales gestores de la administración local y autonómica. Tampoco en una oposición política en la que nadie destaca por mantener un nivel de exigencia y denuncia suficiente.

Precisamente este «silencio» del Consell de Mallorca y el Govern fueron el incentivo de la cadena a la fresca desplegada ayer sábado bajo la organización de la activista Madò Farta, el GOB y Terraferida. Ha quedado suficientemente demostrado que se ha reactivado un tejido social sólido y creciente que tiene claras sus reivindicaciones y objetivos. Nada indica que la demanda ciudadana se extinga con el fin del verano, más bien que se estabilizará en la continuidad con otras formas. Será en época electoral con todo lo que ello implica pero sin justificar el silencio. No queda más alternativa que la de aprender a interpretar y valorar el sentir de la ciudadanía para poder darle respuesta adecuada sin incrementar la demora en la reacción. No hacerlo significa dejar abiertos riesgos mayores incluyendo la posible filtración de altercados en la sana participación actual que ha logrado redescubrir y valorar la calle y la plaza para todos.

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