Cornudos y apaleados: El menoscabo de las protestas populares

La movilización ciudadana se ha convertido en un bumerán que impacta en las narices de quien la convoca y la secunda. Suele decirse que una vez es casualidad, dos coincidencia, pero tres veces apunta a un patrón. Víctimas convertidas en sospechosas, si no en culpables, por quienes retuercen el relato a su conveniencia. Esta isla no respeta el derecho al pataleo.

Los vecinos de la Lonja llevan tres décadas soportando el estruendo de los negocios que coparon lo que antaño fue un apacible barrio de Palma. Declarada zona acústicamente contaminada, la etiqueta solo ha servido para simular algún tipo de iniciativa política. Las mediciones de decibelios derivaban tras años de tramitación en multas a bares y restaurantes que ya no existían, pura economía de tierra quemada. Hartos, los residentes que no claudicaron y se mudaron para proteger su salud, colgaron cuatro carteles exigiendo respeto al descanso ajeno con el lema “El ruido es tortura”. Resultado: una multa de 240 euros impuesta a la asociación de vecinos, que el alcalde Jaime Martínez defendió porque “hay que cumplir las normas”. Las banderolas fueron descolgadas de inmediato por los bomberos, el ruido sigue. El ruido, que fue calificado de “tortura acústica” en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en relación a la actividad musical de la plaza de Toros este pasado mes de marzo.

La multitudinaria manifestación contra la masificación turística del 26 de julio en Palma se saldó, como es sabido, con cargas policiales que dejaron heridos entre participantes y periodistas. El éxito de la expresión de un hartazgo generalizado por la saturación de un territorio pequeño y el problema del acceso a la vivienda se vio eclipsado por un uso de la fuerza cuya proporcionalidad se investiga internamente en unos términos que desconocemos. Sí sabemos que la policía ha imputado a siete manifestantes por esos altercados. El Govern de Marga Prohens, responsable de las políticas económicas y turísticas actuales, no tuvo necesidad de calificar el estallido social y pudo limitarse a condenar la violencia. En la diana, Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno del PSOE, partido responsable de las políticas económicas y turísticas desarrollistas de los mandatos anteriores que nos han traído hasta aquí.

Las cenas a la fresca, sopars a la llesca, se han sucedido este verano en distintos puntos de Palma en la reivindicación de la reconquista de espacios urbanos entregados a la actividad productiva. Otra iniciativa popular secundada ampliamente y de fuerte repercusión. El último de estos encuentros, tradicionales en los veranos mallorquines, se organizó en es Born, la milla de oro comercial que antaño fue un paseo para los peatones y hoy es una gigantesca terraza vertical. Poco antes de la pacífica convocatoria, la policía nacional emitió un informe recomendando retirar mesas y sillas por el “riesgo de coacción o sabotaje a los establecimientos de hostelería”, que el Ayuntamiento se tomó al pie de la letra. Que los bares retiren las mesas y sillas por la celebración de acontecimientos sociales en un determinado lugar no tiene nada de excepcional, aparece en la ordenanza de ocupación de la vía pública para los concesionarios; ocurre en el encendido de luces navideñas, por ejemplo, sin que nunca se haya mencionado la posibilidad de que los miles de niños asistentes “coaccionen” a las cafeterías. El sobreactuado informe policial extendía la sospecha sobre una fiesta que, entre manteles y sillas plegables, transcurrió por supuesto sin incidentes. Otra vez el delegado de Gobierno socialista deberá explicar por qué las fuerzas del orden que de él dependen esparcen el alarmismo y la suspicacia sobre acciones populares tranquilas y con sus permisos en regla. Cuando, por cierto, la auténtica delincuencia se ha disparado un 15 por ciento este año en Mallorca, según datos del ministerio del Interior.