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De las perversas consecuencias de leyes buenistas

Sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026 en Madrid / Matias Chiofalo - Europa Press / Europa Press
Los dichos populares sirven muchas veces para enmarcar lo que está sucediendo y poder explicarlo. La actualidad más apremiante permite acudir a uno muy conocido: «El infierno está empedrado de buenas intenciones». En efecto, desear el bien o tener planes nobles no garantiza buenos resultados. Si las acciones buenas traen malos resultados no vale quedarse en la buena intención, es una excusa fácil para no asumir los errores. Lo expresaba admirablemente Victor Hugo por medio del inspector Javert en Los miserables: «Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo». Ejemplos recientes en la política española de las perversas consecuencias de leyes inspiradas en buenas intenciones son la ley de solo sí es sí y la ley trans. De la primera se derivó la puesta en libertad de numerosos violadores, que obligó a una revisión de la misma que necesitó de los votos de la derecha, ya que Unidas Podemos, impulsor de la misma, se negó a modificarla. Sánchez se ausentó. De la segunda, y de la llamada autodeterminación de género, se originó el traslado desde las cárceles para hombres a las de mujeres a varones reasignados como hembras que procedieron a embarazar a presas. También sirvió para acceder a privilegios de traslado en función del género en determinados colectivos de funcionarios, o al uso de los baños de mujeres por parte de hombres. Lo sorprendente es la ausencia de rectificación. Ninguna de las fuerzas políticas protagonistas de esas insensateces con graves consecuencias sociales ha tenido el cuajo de admitir sus errores.
Lo ocurrido en Ceuta el 30 y 31 de julio con la entrada de una multitud de 80.000 personas desde Marruecos por la frontera del Tarajal de las que unas 8.000 todavía permanecen allí, de las que unas 2.800 son menores, es el resultado de una legislación de extranjería y de asilo pensada para otras circunstancias. Sánchez declaró en su visita a la ciudad el viernes 31 de julio que la entrada desde Marruecos era «una violación de la integridad territorial española». A continuación, se fue de vacaciones a La Mareta, en Lanzarote, recomendando canciones y lecturas a sus numerosos seguidores. Los ministros de Estado, como Albares, Marlaska y el ministro de Justicia, Bolaños, iniciaron un desfile inútil de ministros en una ciudad invadida y atemorizada por la presencia de marroquíes y subsaharianos ocupando sus calles, sus playas y demás espacios públicos. Los ciudadanos, niños y mayores encerrados en sus casas, los comerciantes, hundidos. Pronunciaron un discurso diáfano: todos, absolutamente todos, los que entraron ilegalmente en Ceuta serán devueltos a Marruecos. Los demás ministros, pollos sin cabeza, diciendo insensateces. Mónica García afirmando que no había colapso sanitario, despreciando las quejas de los médicos y sanitarios por el peligro de contagio de infecciones y acusando a los quejicas ceutíes de xenófobos. Elma Sáiz declarando la situación como una crisis humanitaria y migratoria, que lo único que se contagiaba era la xenofobia. Ante la queja de los ceutíes reclamando la visita del Rey, no tuvo mayor problema en trasladar la responsabilidad a la propia Zarzuela «la que dirige la agenda del Rey». Tuvo que ser corregida por el jabalí de Sánchez, Puente, Felipe VI visitará Ceuta «cuando el Gobierno lo crea oportuno». Y Sira Rego, contrariando lo dicho por Albares, Marlaska y Bolaños, anunció el próximo traslado de quinientas menores a la península. Un caos. Y por fin, de vuelta de sus merecidísimas vacaciones en La Mareta, Sánchez decidió por fin nombrar como mando único en Ceuta al ministro Ángel Víctor Torres, casi cuatro semanas después de pedirlo Juan José Vivas, el presidente de Ceuta, y convocar al Consejo Nacional de Seguridad. Vivas alertó de que con el ritmo de 200 migrantes devueltos a la semana tardarán casi un año en recuperar la normalidad.
El lunes se conoció la noticia de que un grupo de hackers argelinos llamado Jabaroot había facilitado a través de Telegram una lista de 70.381 agentes marroquíes de los servicios de inteligencia y seguridad, de la Dirección General de Supervisión del Territorio y la Dirección General de Seguridad Nacional, con su filiación y datos bancarios; entre los que deben figurar los que coordinaron y dirigieron la entrada del 30 de julio en Ceuta. Se atribuye la responsabilidad de dirigir la operación al hombre fuerte de Mohamed VI Fouad Alí El Himma, adversario del jefe de Gobierno Aziz Ajanuch. Lo que podría tener mucho más sentido que la atribución de lo sucedido a las mafias de la emigración. Nada de lo sucedido de esta magnitud en Marruecos puede considerarse ajeno a la intervención de sus servicios secretos. Desde esta semana el ministro de Justicia y el de Asuntos Religiosos ante Mohamed VI han reivindicado la pertenencia a Marruecos de Ceuta y Melilla, en el marco de la migración a Europa como plan oficial de Marruecos.
De la consideración de la crisis en Ceuta como crisis migratoria o como violación de la integridad territorial española puede depender el camino a seguir. Llamar crisis migratoria a un asalto híbrido planteado como desafío geopolítico, como han planteado desde el Gobierno, revela una preocupante debilidad española ante el reforzamiento económico y militar del vecino del sur, con aliados estratégicos como EE.UU. e Israel, que no se recata en reclamar la soberanía sobre ambas ciudades. Dar por sentado que los ciudadanos de otros países que violan nuestras fronteras tienen, por el hecho de pisar ilegalmente nuestro suelo, los derechos que contemplan la ley de extranjería y de asilo a los emigrantes y solicitantes de asilo constituye una aberración legislativa. Ni la ley de extranjería ni la de asilo fueron concebidas como herramientas para resolver crisis políticas de la gravedad de una violación de la integridad territorial (ni se lo habían planteado), sino como instrumentos de integración para desamparados y huidos de regímenes criminales. Pero no existen en este momento normas legales diferentes que permitan la devolución sin más de todos los entrantes. Ahora, desde el PSOE, se habla de reformar las leyes de extranjería y asilo, pero para ello se necesita tiempo y votos que les regatearán sus socios parlamentarios, siempre tan estupendos con las amenazas contra España, nunca tan evidentes como ahora por la negligencia e ineptitud criminal del Gobierno. n
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