Sánchez: la insularidad no se reconoce, se paga

Hay algo profundamente injusto en la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez: se presenta como una solución para las comunidades autónomas, pero, en el caso de Baleares, vuelve a dejar sin resolver el problema fundamental.

Baleares no pide privilegios.

La nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno vuelve a dejar a las Islas ante una paradoja insoportable: se les exige prestar los mismos servicios públicos que al resto, pero no se les financia teniendo en cuenta lo que cuesta prestarlos en un territorio insular.

Y, precisamente por eso, conviene decirlo sin complejos y sin mirar hacia otro lado: el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a cometer con Baleares el mismo error histórico: tratar como excepcional aquello que debería formar parte del núcleo del sistema.

No basta con dar más dinero. Hay que reconocer cuánto se ha dejado de financiar durante décadas.

Baleares arrastra una deuda sanitaria histórica desde el 2002. Según F. J. Moranta, partía de un gasto sanitario per cápita inferior a 600 euros y de un diferencial de unos 100 euros respecto a la media estatal. En Madrid, el PP; y aquí, Francesc Antich. Se negoció mal y el problema lo heredamos todos.

Han pasado 24 años. Baleares ha experimentado un enorme crecimiento demográfico, soporta una población flotante que multiplica la presión sobre los servicios públicos y ha tenido que utilizar recursos propios para sostener una sanidad que ya nació infrafinanciada.

Aquellos 100 euros no fueron una diferencia de un solo año. Fueron el comienzo de una brecha proyectada durante más de dos décadas.

La pregunta es cuánto ha tenido que poner Baleares de su presupuesto para compensarla. Esa es nuestra deuda sanitaria histórica.

Sí los recursos transferidos no cubren el coste de una competencia, salen del presupuesto autonómico. Cada euro destinado a cubrir una insuficiencia estructural es un euro que no puede dedicarse a otra necesidad pública.

Mientras tanto, la población ha crecido de forma extraordinaria y la sanidad atiende a más ciudadanos, más turistas y una población cada vez más envejecida.

¿Y qué hace ahora el Gobierno de Sánchez?

Presenta una reforma que incrementa los recursos globales, pero que reduce el peso de la insularidad en la fórmula del 0,6 % al 0,5 % y no incorpora adecuadamente el crecimiento demográfico de Baleares.

FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) advierte, además, de que la propuesta debe analizarse por sus efectos reales sobre la equidad territorial.

¿Cómo puede reducirse el peso de la insularidad cuando, precisamente, el sobrecoste de vivir y prestar servicios en unas islas es una de las principales dificultades de Baleares?

¿Cómo puede ignorarse el crecimiento demográfico?

Y, sobre todo, ¿dónde está el reconocimiento de la deuda acumulada durante estos 24 años?

Recibir más dinero no significa necesariamente estar bien financiado. La cuestión es cuánto debería recibir Baleares para prestar sus servicios en condiciones de igualdad y cuánto ha tenido que aportar durante décadas para compensar la insuficiencia.

La insularidad tiene un coste. El crecimiento demográfico y atraer médicos también tienen un coste. Y una transferencia sanitaria mal financiada durante 24 años tiene un coste. Unos 2.800 millones.

Ese coste lo hemos pagado los ciudadanos de Baleares.

Por eso el Govern debe hacer algo más ambicioso: cuantificar la deuda sanitaria histórica de Baleares y presentarse ante Madrid con las cuentas hechas.

No queremos privilegios ni limosnas. No queremos que ningún Gobierno nos regale nada. Queremos que el Estado pague lo que cuesta garantizar el Estado del bienestar en Baleares y reconozca la deuda acumulada desde aquella transferencia de 2002.

La insularidad se paga. Y Baleares lleva 24 años pagando.

La insularidad no es una peculiaridad folclórica.

Exigir una financiación justa es defender los servicios públicos, la igualdad territorial y la solidaridad interterritorial, y esto concierne a todos los políticos de las Baleares.

Sin excepción.