Saturación en las carreteras, limitación y gravamen sobre el alquiler

Uno de los factores que motiva la sensación de saturación que vive gran parte de la ciudadanía lo hallamos en las carreteras.

En los últimos veinte años no se han realizado grandes infraestructuras viarias, y el número de vehículos se ha incrementado considerablemente. Según la IA, en 2006 había en las islas entre 500.000 y 600.000 vehículos, y actualmente esta cifra se ha doblado, por lo que es lógico que haya auténticas situaciones de saturación en nuestras carreteras.

De los coches existentes, no se conoce los que corresponden a alquiler que es básicamente a turistas, y el mismo Consell de Mallorca ha solicitado información a las empresas, ya que no existe un registro oficial. Pero las estimaciones sitúan la flota total de vehículos de alquiler en Balears sobre las 100.000 unidades en temporada alta.

El Consell d’Ibiza ya aplica medidas de limitación de entrada de vehículos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, y con una limitación diaria y una global para coches de alquiler. Por su parte, el Consell de Mallorca ha aprobado una regulación prácticamente igual a la de Ibiza para que entre en vigor el próximo año.

Otra medida factible es un impuesto sobre el alquiler de vehículos sin conductor, ya que los automóviles con este uso son los que especialmente suelen estar en circulación en nuestras carreteras más que los de los residentes habituales, por tanto, sería lógico que contribuyeran también más desde el punto de vista financiero al mantenimiento y mejora de las mismas.

Esta medida ha sido propuesta por el líder de Més per Mallorca la semana pasada. Una vez más, esta izquierda predica lo que no hace cuando gobierna y lo más grave es que tal vez desconoce que este impuesto está aprobado por el Parlament de les Illes Balears desde el 2006, con el título Impost sobre la circulació de vehicles d’arrendament sense conductor y con la correspondiente publicación tanto en el BOIB, como en el BOE 27 de 2006, por lo que fue aceptado por la Administración Central.

En el texto de la ley, se dice que tiene por objeto gravar la capacidad de pago que se pone de manifiesto al utilizar un vehículo de alquiler sin conductor al circular por el territorio de aplicación del impuesto, que es las Illes Balears, así como favorecer conductas que preserven el medio ambiente.

Este impuesto tenía dos finalidades: el medio ambiental y la recaudatoria, que muy mayoritariamente sería soportada por los visitantes, que son los que alquilan los coches y no los residentes.

Evidentemente, falta el desarrollo reglamentario, y en el momento de su aprobación se empezó a negociar con la asociación AEVAB, llegando a acuerdos para diferenciar entre las flotas de empresarios que las tienen fijas y dan servicio todo el año y otras flotas que amplían los parques de autos los meses de temporada media alta incrementando el colapso viario. Al contrario, la otra patronal, BALEVAL, se mostró disconforme con la ley aprobada, y no se consiguió un acuerdo de mínimos antes de acabar la legislatura.

En el 2007 forma gobierno el tripartito de izquierdas y no realiza el desarrollo del reglamento, pero tampoco deroga la ley. En definitiva, la ley la aprueba hace 20 años el PP con el voto en contra de la izquierda, y en los doce años gobernados por tripartitos de izquierda no se toma ninguna medida sobre entradas de vehículos o en impuestos sobre el alquiler de los mismos, ¿qué credibilidad merecen los que ahora proponen medidas desde la izquierda?

La puesta en marcha de esta ley podría favorecer temas medio ambientales, al disminuir los vehículos de los no residentes y un tipo reducido del impuesto para coches eléctricos de alquiler, y así disminuir los gases de la energía fósil; también tendría efectos disuasorios especialmente sobre las grandes flotas que tienen un carácter más estacional y congestionan desde Semana Santa a octubre. Además, su recaudación podría ser compartida por el Govern y los consells insulares, que tienen la competencia en carreteras, por lo que mejoraría su financiación a la hora de ejercerla, y los visitantes recibirían un mensaje del coste de la movilidad sin tener que recurrir a prohibiciones, que nunca son la solución, en una sociedad que defiende la libertad.