¡Qué escándalo lo de Trump!

Trump acaba de nombrar a su exabogado Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos, el cargo que dirige el Departamento de Justicia. Blanche es amigo del presidente y lo representó en el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, además de ser el defensor en las causas relacionadas con los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020, que Trump perdió ante Biden y denunció como fraudulentas. El nombramiento genera tantas dudas que algunos republicanos han mostrado sus recelos.

En España, claro está, se ha recibido como un escándalo en determinados sectores que, sin embargo, se rasgan menos las vestiduras cuando decisiones que muchos juzgan comparables se toman más cerca.

Las funciones del Departamento de Justicia y de la Fiscalía General del Estado no son equiparables, pero algunas resoluciones de esta última no pueden sino hacernos arquear las cejas. Si Trump designó a Blanche con agosticidad, la fiscal general, Teresa Peramato, aprovechó el penúltimo día de julio para firmar su primera instrucción desde que accedió al cargo en diciembre: la creación de una red de fiscales especialistas en juicios con jurado que, en los asuntos de «especial relevancia», recibirán directrices de la Secretaría General Técnica. Y ya sabemos que, si el fiscal general «depende» del Gobierno, la Secretaría General Técnica lo hace de la propia Peramato.

Debe de ser una casualidad que, más de tres décadas después de la recuperación del jurado popular, la decisión de crear esta unidad llegue dos semanas después de que la Audiencia de Madrid avalara que Begoña Gómez, esposa de Sánchez, sea juzgada con este sistema.

Como en política demasiadas casualidades son estrategia, no hace falta recordar aquí que el predecesor de Peramato, Álvaro García Ortiz, fue condenado por maniobrar contra una rival del Gobierno y que, antes que él, ocupó el cargo la exministra de Justicia Dolores Delgado.

Pero, ¡qué escándalo lo de Trump!

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