La destitución en Costas exige aclaraciones que no se han dado

La destitución de la directora general de Costas y Litoral del Govern, Maria Joaquina Ferrer, reemplazada por el exalcalde de Llucmajor, Joan Jaume, no puede despacharse como un simple relevo en un alto cargo. La decisión adoptada en el momento de mayor presión sobre la gestión del litoral y tras apenas un año al frente del departamento, donde Ferrer sustituyó a Carlos Simarro, obliga al Govern a ofrecer una explicación exhaustiva, transparente y convincente. No solo por la debida rendición de cuentas en que la democracia asienta la credibilidad de las instituciones, sino también por la trascendencia de las competencias del área en cuestión, con demasiado baile de responsables, tres en tres años, y suculentos intereses en juego. La oposición denuncia que el Govern habría cedido a las presiones de sectores turísticos afectados por la reducción de concesiones de hamacas y sombrillas en las playas de Formentera. Este asunto enfrentó a Ferrer con el Consell de la pitiusa menor y con empresarios y organizaciones del sector, que consideraban excesivamente restrictiva la aplicación de la normativa. El ambiente se caldeó con el arranque de la temporada sin los pretendidos lotes. No ha sido el único roce. Ferrer, veterana funcionaria licenciada en Derecho, ha mantenido grandes desencuentros por otros asuntos igualmente sensibles con el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, que le instó a marcharse. «No me pienso ir, tendrás que echarme y justificar por qué», replicó entonces la ahora cesada. El Ejecutivo admite «divergencias» entre ambos, pero niega tajantemente que esas presiones hayan condicionado su decisión. Apunta a choques por la interpretación normativa y a la acumulación de expedientes sin resolver. Si la actuación de la directora general se limitó a aplicar estrictamente la ley, el Govern debería aclarar qué resoluciones concretas considera equivocadas y qué dilaciones se le atribuyen como para justifican un cese fulminante.

La Dirección General de Costas gestiona uno de los patrimonios más valiosos y frágiles del archipiélago. La protección del litoral, la ordenación de los usos económicos y la adaptación al cambio climático exigen decisiones complejas, muchas veces impopulares y sometidas a fuertes intereses contrapuestos. El retroceso de las playas, la regresión de los sistemas dunares y el incremento de los episodios meteorológicos extremos obligan a compatibilizar los legítimos derechos de la actividad económica con la preservación de un recurso natural cada vez más vulnerable. Precisamente por esa complejidad, se requiere firmeza en la defensa del interés general. Hace apenas unos meses el propio Govern elogió públicamente la actuación de Ferrer tras denunciar un intento de soborno relacionado con un expediente en tramitación, calificando su comportamiento de ejemplar. Ese reconocimiento público hace aún más necesario explicar qué ha cambiado desde entonces y cuáles son las razones objetivas que justifican la pérdida de confianza y el cambio de un perfil marcadamente técnico por uno político de «espíritu dialogante». La sustitución de un alto cargo forma parte de las atribuciones legítimas de cualquier gobierno. Lo que no puede formar parte de la normalidad democrática es que una decisión de tanta trascendencia quede envuelta en la sospecha y las versiones contradictorias. Si el Govern dispone de motivos sólidos, debe exponerlos con detalle. Si no lo hace, seguirá alimentando la percepción de que, detrás de este cese, hay mucho más que una simple discrepancia en la interpretación de la normativa.