Blindar derechos

No hay un hecho más grave hoy en España y Europa que el deterioro provocado y progresivo que se está produciendo en el Estado de bienestar o modelo social europeo. Ahora que se habla tanto de blindar derechos no hay nada más urgente que garantizar algunos de los que componen el estado del bienestar.

Valgan como ejemplos el escándalo en la sanidad pública por la falta de cribados, huelgas incluidas, y las excesivas listas de espera por carencia de medios materiales y humanos. Y La falta de personal adecuado en ciertas comunidades autónomas donde avanza la privatización de la enseñanza, ahogando las finanzas de las universidades públicas, mientras surgen como setas los centros particulares.

A pesar de los índices positivos de crecimiento económico y la recuperación y creación de empleo, los niveles en índices de preocupación entre la ciudadanía son altos y las perspectivas bajas. Si pretendemos una Economía Productiva y Competitiva debemos compaginar el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, con un Progreso Social que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social; que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras.

Nuestro crecimiento económico, basado en el Turismo, es un hecho; pero no garantiza su sostenibilidad, ni repercute en un Progreso Social. Además de la excesiva ocupación del territorio e infraestructuras; y el futuro es incierto debido a la aceleración de la crisis energética impulsada por la guerra de Ucrania y de Palestina; y las «guerras políticas» con unos impactos muy visibles en todo el mundo, como es una inflación muy alta y/o la falta de ciertos productos. Balears se encuentra especialmente afectada, y necesitada de cambios estructurales. En la sociedad que nos ha tocado vivir se van acumulando señales de alarma que convendría no trivializar. Se habla mucho de crecimiento, de recuperación, de buenos datos, pero cada vez se nota menos en la vida real de la gente. Basta con mirar alrededor: listas de espera interminables, dificultades crecientes para acceder a una vivienda, servicios públicos que funcionan gracias al compromiso de sus profesionales más que por una apuesta política decidida. Y suma y sigue.

En Balears, este proceso resulta especialmente llamativo. Todavía tenemos índices positivos de crecimiento económico, sobre todo vinculados a la actividad turística, al aumento de visitantes y a los beneficios empresariales. Pero la pregunta es inevitable: ¿A quién beneficia realmente este crecimiento? Mientras los indicadores macro mejoran (PIB, crecimiento económico, creación de empleo, etc.), cada vez hay más gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Trabajadores que no llegan a fin de mes, jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler. Vivir aquí se ha convertido, para muchos, en una carrera de obstáculos.

Los parámetros mejoran, pero el bienestar real de la gente no siempre les sigue. Celebramos la creación de empleo, pero al mismo tiempo vemos su baja calidad, su temporalidad, su incapacidad para garantizar estabilidad. Centrarse únicamente en las cifras implica ignorar algo fundamental: el progreso social. Y el progreso social no se mide solo en PIB, sino en salarios dignos, acceso a la vivienda, servicios públicos de calidad, seguridad vital y expectativas de futuro razonables.

Seguir apostando por un modelo basado casi exclusivamente en el crecimiento cuantitativo del turismo tiene consecuencias conocidas: salarios insuficientes, acceso prohibitivo a la vivienda, saturación de espacios públicos y un aumento de las desigualdades. La cuestión es si este problema se abordará con soluciones estructurales o si, por el contrario, se dejará en manos de salidas individuales y del sálvese quien pueda.

El resultado se refleja, de momento, en una indefinida agenda social que se concreta en una intensa preocupación ciudadana, especialmente entre las clases medias; así como unas perspectivas socioeconómicas confusas y difusas que afecta incluso a parte del segmento empresarial, con especial inquietud en Pimes y Autónomos.

Este deterioro no es casualidad. Tiene que ver con decisiones políticas que priorizan la bajada de impuestos, la desregulación y la externalización de servicios, mientras se debilita lo público. Cuando la sanidad, la educación o la vivienda dejan de ser derechos efectivos y pasan a depender de la capacidad de pago, el Estado del bienestar se vacía de contenido. Y cuando eso ocurre, no solo se vive peor, también se resiente la confianza social y la convivencia democrática.

Ahora bien, como consecuencia de la construcción de la España de las Autonomías, los elementos esenciales de este Estado de bienestar son competencia de las Comunidades Autónomas —la sanidad, la educación, el turismo, etc.— que ha venido funcionando más o menos razonablemente. No obstante, lo más nefasto es la evolución de unas derechas que gobiernan en la mayoría de las CCAA y que no creen en el Estado de bienestar, en unos términos que garantice unos servicios públicos de excelencia y no una especie de «beneficencia» para menesterosos.

Ahora que se habla tanto de blindar derechos no habría nada más urgente que garantizar algunos de los que componen el Estado de bienestar, mutándolos de derechos meramente declarativos en fundamentales como pueden ser la sanidad, la vivienda o las pensiones, como ya ocurre con parte de la educación. Sería una contribución memorable que nuestro Estado social no sea desguazado por aquellos que no creen en él, pues da la impresión de que el Gobierno no tiene instrumentos para evitar tal estropicio democrático.

La participación ciudadana no se puede cifrar en votar cada cuatro años, aunque las elecciones sean un factor determinante en nuestro sistema democrático. Se trata de apostar por la participación de ciudadanos/ciudadanas en proceso continuo a través de organizaciones sociales, deportivas, culturales, sindicales… los partidos políticos no tendrían que convertirse en simples maquinas electorales, sino en ejes fundamentales de vertebración política, económica y social.

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