Se les va de las manos

No sé si en algún momento el Govern ha creído que la situación social en las islas, marcada por la saturación turística, la congestión viaria y el drama de la vivienda, especialmente en Ibiza y Mallorca, estaba controlada. Pero si en algún momento lo han pensado, después de que la Guardia Civil se llevara esposadas a dos chicas activistas pintarrajeando fachadas inmobiliarias y los incidentes después de la masiva manifestación contra el exceso turístico, no creo que puedan seguir creyéndolo. Respecto a los incidentes, sólo unas imágenes que acreditaran violencia de grupo previa contra la policía podrían justificar una reacción de carga policial. Y es ahí donde las justificaciones del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, han sido confusas. Dice que no se siente responsable de las cargas policiales, que recaen sobre los jefes operativos. Ésos argumentan violencia de un grupo de manifestantes para justificar la propia. Es lo que hay que aclarar. No he conseguido visualizar ninguna imagen que así lo pruebe. Pero al margen de esta cuestión, importante para señalar responsabilidades, la imagen del delegado escurriéndose de sus responsabilidades para sortear las peticiones de dimisión le deja en muy mal lugar. Ante la opinión pública y ante sus subordinados. El delegado tiene la responsabilidad de escrutar todas las eventualidades que puedan presentarse en una manifestación en la que van a concurrir decenas de miles de personas, incluidas aquéllas que puedan derivar en enfrentamientos violentos. Si así sucediera, es exigible a la fuerza pública, la que tiene en sus manos el material antidisturbios, la necesaria contención ante hipotéticas provocaciones de minorías muy politizadas antes de pasar a la acción. Lo sucedido lleva a pensar que no estuvo adecuadamente diseñada la operación, en cuyo caso la responsabilidad recae sobre el delegado, que no puede descargarla sobre el jefe del operativo.

Se podrá argumentar por parte del Govern que la situación actual no puede desligarse de los ocho años de gobierno del PSOE y de Francina Armengol, que nada hicieron para limitar el absurdo crecimiento turístico; al revés, lo alimentaron con la extensión del alquiler vacacional. Pero todo ello no absuelve al Govern de Prohens, que se ha limitado a deplorar la saturación sin asumir medidas efectivas en su contra. Por ejemplo, la anunciada limitación de la entrada de coches en la isla, que podía haber sido implementada ya para este año, se ha demorado hasta el próximo, llevan tres gobernando. Respecto al alquiler vacacional hace años que se procedió a su denuncia por la inmensa repercusión sobre los precios del alquiler de viviendas, que condiciona el funcionamiento de la administración del Estado, de la Comunidad y del sector hotelero. Su implantación, promovida o secundada tanto por el PSOE como por parte del PP, tiene que ver con las demandas de una parte de sus votantes. No me cabe ninguna duda que en el litigio entre intereses de la patronal del alquiler HABTUR y la patronal hotelera FEHM, los de esta última son menos nocivos que los de la primera desde el punto de vista de la saturación, movilidad, descanso y el precio del alquiler de las viviendas. La vivienda sólo puede tener, como se ha dicho tantas veces, un uso residencial y no de actividad económica. Mención aparte merece la compra de propiedades por parte de ciudadanos de la UE, frente a la que no pueden competir los naturales de las islas, que se ven abocados a ser expulsados de ellas y a buscar acomodo fuera de su tierra. La alarma es genuina y va más allá de las responsabilidades del Govern. Y como es una cuestión estructural en nuestras islas, no puede ser eludida por el Govern y debe ser planteada por el Gobierno de España ante la UE. Algo tan grave como la compra por europeos no puede contrarrestarse con apelaciones como «qui estima Mallorca no la destrueix» ya que, como se ha visto, hasta dirigentes nacionalistas de Més han vendido a extranjeros viviendas de su propiedad por un buen pico de dinero. No hay ideología política que valga contra el dinero, porque el dinero es la ideología más poderosa; en las democracias y en las dictaduras comunistas, donde lo disfrutan sólo los dirigentes. A ver si lo entienden de una vez los radicales.

La respuesta de estos últimos está clara: la culpa de todo la tiene el turismo. Almas más cándidas, a izquierdas y derechas, dirigen sus anhelos a las autoridades políticas reclamando un cambio en el modelo económico vigente, en el que hasta el 80% del PIB depende directa o indirectamente del turismo. Pero ninguno de estos visionarios es capaz de señalar ese modelo alternativo que daría estabilidad y progreso. El último profeta del cambio de modelo fue Cañellas, que patrocinó una fábrica japonesa de bombillas, en el polígono industrial de Petra, idea que no conllevó otra gesta patriótica que un viaje gubernativo a Japón; años más tarde se desclasificó el suelo destinado al nuevo invento del émulo mallorquín del profesor Franz de Copenhague del TBO. Veamos, el coste de los fletes supone precios elevados en las islas de bienes importados y exportados. Esto supone una dura limitación al modelo económico, que sólo puede prosperar en los servicios turísticos o relacionados con el conocimiento, la ciencia, la educación y el diseño. Olvídense de cualquier actividad manufacturera. El modelo económico lo crean los empresarios en los sectores en que vislumbran posibilidad de beneficio. Todos los modelos creados exclusivamente por interés político suelen conducir de forma inexorable a despilfarrar el dinero público. Un modelo económico no se crea ex novo, es el resultado de la decantación en el tiempo. La administración puede y debe ayudar a crear incentivos que faciliten la inversión privada, tenemos algún ejemplo, como el Parc Bit, pero no pueden sustituirla. No hay alternativa económica racional a corto, medio y largo plazo al negocio hotelero capaz de mantener el empleo actual. El esfuerzo debe dedicarse a paliar sus efectos negativos. Es difícil y complejo atajar el cúmulo de negatividades en saturación, congestión viaria, precios de alquiler y escasez de vivienda, pero hay que empezar por lo más grave y deletéreo, que es el alquiler vacacional; y ahí no vale salvaguardar el beneficio de haber trastocado el uso residencial de las viviendas, chalets o plurifamiliares en actividad económica turística, es pan para pocos y desolación para muchos. El Govern no puede seguir protegiendo el interés de pocos.

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