El lacayo y las joyas desnudan a Zapatero

Julio Martínez Martínez, Julito, ha cantado algunas estrofas en epístola dirigida al juez Calama; y también de viva voz. Era Rodríguez Zapatero y no él el que habría gestionado el rescate de Plus Ultra a cambio de una comisión del 1%. «Julio Martínez es mi amigo», declaró enfáticamente Zapatero en su comparecencia ante la comisión del Senado. Algún mal pensado habría calificado esa declaración como una forma de coacción sentimental para sortear cualquier tentación de confesar que el cerebro de la trama corrupta, de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, contrabando, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, de todas ellos, era el mismísimo faro moral del PSOE. Martínez había sido detenido meses antes y la UDEF había encontrado más de 280.000 euros escondidos en su domicilio. Su declaración ante la comisión del Senado atribuyendo la responsabilidad de la trama corrupta a Zapatero había sido gestual, no verbal, como síntoma de disociación en un hombre que vacilaba entre una posible vía de escape personal y el turbio afecto con el que le chantajeaba el gurú de la moral. Estaba Martínez deprimido y de baja por enfermedad porque no veía esa vía de escape. Un acontecimiento inesperado iba a resolverle las dudas. La sentencia dictada contra Aldama reduciendo significativamente su condena en el juicio en el que le acompañaban Ábalos y Koldo García hasta el punto de su no entrada en prisión, se las resolvió. Desde el Gobierno y el PSOE apenas hubo consideraciones sobre las condenas de 19 y 24 años contra García y Ábalos, pero sí aspavientos contra la reducción de penas a Aldama, el arrepentido que se benefició de su colaboración con la justicia. No era posición consolidada del PSOE, que había asegurado por boca de Bolaños su apoyo a las reducciones de pena a los arrepentidos como fue el caso del concejal del PP José Luis Peñas, que había posibilitado las condenas contra el PP en el caso Gürtel. El PSOE cambia de posición doctrinal en justicia en función de sus intereses políticos. No representa ninguna novedad, ¿acaso no cambió la consideración sobre la legalidad de la amnistía a los golpistas de 2017 en las veinticuatro horas que siguieron a las elecciones del 23J? En realidad, lo que les preocupaba no era Aldama sino el efecto que su reducción de pena posibilitara la confesión de Julio Martínez implicando a Zapatero en el caso Plus Ultra y en el resto de operaciones de tráfico de influencias en Venezuela, Bolivia y China. Seguramente presionado por su familia y las duras condenas de Ábalos y García, cambió Julio Martínez de abogado y se hizo con los servicios de Mª Dolores Márquez de Prado. Al tiempo que Martínez, también la cúpula de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han trasladado también al juez la implicación directa de Zapatero en la operación. Habría comparecido el contador de nubes en llamada desde un teléfono oculto ofreciendo sus impagables y remunerables servicios. Los responsables de la compañía aérea también se posicionaban para eventuales responsabilidades penales. La coincidencia en el tiempo con el amigo Julio sugiere una estrategia de concertación y apoyo mutuo.

Cuando Elma Sáiz, ajena a todo lo que se desprende de la declaración de Martínez, sigue afirmando confiar en la inocencia de Zapatero (algo que negaron a Ábalos y Cerdán, a los que destituyeron inmediatamente, actúan con contundencia (sic)) no hace otra cosa que defender al Gobierno. En efecto, la responsabilidad primera del tráfico de influencias será responsabilidad de Zapatero, pero la de adoptar la medida, de la cual, según propia expresión, tuvo noticia Ábalos por encontrarla en la mesa del Consejo de ministros, era de ese mismo Consejo, del que participaban también los dirigentes de Podemos, con Pablo Iglesias de vicepresidente. Así se lo había anticipado Zapatero a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, en el mes de marzo de 2021. La encargada de defender el préstamo de 53 millones de euros fue la vicepresidenta carbonizada María Jesús Montero, de quien dependían la SEPI y la AEAT, con la aquiescencia de Calviño, José Luis Escrivá y el resto del consejo. En la SEPI existían dudas más que razonables sobre la situación patrimonial de la empresa; la condición de empresa estratégica merecedora de rescate colisionaba con el hecho de que sólo representaba el 0,03% del tráfico aéreo; y la de estar al tanto de las obligaciones tributarias y con la Tesorería de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019 con un aplazamiento de la deuda con la S.S. del 5 de octubre de 2020. Fue en estas mismas páginas que expresamos en 2021 nuestra incredulidad por el rescate de una compañía aérea venezolana propietaria de un solo avión por su calificación como empresa estratégica por parte del Gobierno. Era un enjuague tremendamente sospechoso que ha necesitado el transcurrir de cinco años para ser desvelado. Quien no está seguro de su inocencia, o al menos, de salir bien librado de su imputación, parece ser el propio Zapatero, que según ha afirmado alguien de su círculo más íntimo habría expresado tras la declaración de Julio Martínez, un significativo «¡estoy muerto!».

Que Sánchez, el Gobierno y el PSOE insistan en la presunción de inocencia para Zapatero tras ese amago de tirar de la manta, sólo puede significar que están trabados indisolublemente con él. Aunque desde el PSOE algunas voces reclamen distanciamiento ante el cúmulo de pruebas, especialmente del tesoro de las joyas, esa lógica no se abre paso. La única explicación es el desconcierto de Sánchez y el hundimiento de Zapatero ante una situación que creían imposible. Se sentían impunes. No creían que se pudiera cuestionar a dos presidentes del Gobierno, uno imputado, el otro en camino de serlo. No tenían noticia de un programa de la SER de los años cincuenta, El criminal nunca gana, dirigido por Teófilo Martínez, que forma parte de la memoria sentimental de muchos españoles, eso sí ya muy mayores. El crimen perfecto no existe. Todo llega a saberse. Y las personas inteligentes lo saben. Y los que no lo son acaban como acaban. Pocas dudas de que, si el Tribunal Supremo solicita el suplicatorio del Congreso para imputar a Sánchez, éste denunciará un golpe de Estado judicial contra el Gobierno y convocará elecciones.

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