El guardia de la porra

El Ajuntament de Palma ha multado con 240 euros a una asociación de vecinos por colocar en el barrio de sa Llotja, una zona muy castigada por el ruido de bares, restaurantes y terrazas, unos carteles de protesta por dicha contaminación. La infracción se basa en la debilidad de los anclajes de las pancartas, que fueron retiradas con premura por bomberos y policías.

La entidad vecinal encargó a una imprenta las lonas, sobrias y elegantes. Sobre un fondo rojo (color de alarma, de denuncia, de alerta) aparecía el lema (en blanco y negro) «el renou es tortura». Libertad de expresión educada, derecho a manifestarse, ejecutado de una manera tranquila y pacífica.

Los carteles fueron colocados en unos soportes ya empleados en anteriores protestas. Hete aquí que la Policía Local advirtió de un supuesto riesgo de caída de las pequeñas pancartas. Avisaron a los Bomberos que, prestos, cogieron la escalera y confiscaron los plásticos.

Las banderolas quedaron incautadas y la máquina burocrática se puso en marcha. Al contrario que miles de expedientes, éste se tramitó aceleradamente. A los pocos días ha llegado la papeleta: 240 euros de multa, 60 por cartel y confiscación definitiva del material.

Desde el punto de vista del Consistorio la actuación es justa y eficaz: hay una infracción a las ordenanzas, existe un riesgo para la población y los servicios municipales actúan con celeridad, como recalca el alcalde, Jaime Martínez.

Visto de fuera la conducta de la Administración parece excesiva, propia del guardia de la porra. Ante la posible caída de las pancartas cabían otras opciones: conminar a los vecinos a sujetarlas mejor, retirarlas preventivamente y devolverlas para su correcta colocación, quitarlas y dar pie a ubicarlas en otro lugar…

Se optó por la mano dura, para satisfacción seguramente de algunos hosteleros del barrio.

También la cosa podía haber acabado allí. Sin embargo, ha llegado la sanción.

Los expedientados pueden recurrir las multas o tirar la toalla y aprovecharse de los descuentos por pronto pago. Aquí tendrían que tenerse muy en cuenta los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la participación en la cosa pública.

También se podría argumentar que la acción forma parte del derecho a la intimidad, a la tranquilidad del hogar que no debe ser perturbada por la industria del ocio. Los vecinos deberían poder dormir y descansar en sus moradas sin alborotos, griteríos, gamberradas, vehículos circulando temerariamente, movimientos de mobiliario, orines, etc.

El Ajuntament marca unos horarios máximos de apertura de los negocios y unas normas muy precisas sobre ocupación de la vía pública. A veces se cierran los locales y los clientes siguen la juerga en la calle.

El ruido en ese coqueto barrio antiguo es un problema que se arrastra desde hace décadas. Ha habido manifestaciones de los afectados y reacciones del Consistorio. La agresión acústica persiste, como demuestran la frustrada iniciativa y las miles de mediciones sonoras.

Ser directivo, o voluntario, en una entidad vecinal en Palma no es tarea fácil. La urbe, como casi todas, padece disfunciones y arrastra carencias. Ciutat ha experimentado un crecimiento demográfico espectacular en apenas unos años, sin que los servicios públicos hayan implementado refuerzos de similar magnitud. El turismo también aumenta imparablemente y dificulta la vida ordinaria de los residentes.

Frente al individualismo mayoritario, un grupo de personas altruistas regala su tiempo, su sudor y su paciencia para tratar de mejorar las barriadas. El Ajuntament colabora habitualmente con estas asociaciones vecinales, aunque en este caso, quizás, se ha equivocado de respuesta. Alega que las ordenanzas están para cumplirse, sea quien sea el infractor.

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