La educación ante el espejo de la PAU: la crisis silenciosa de la evaluación

A lo largo de estos últimos meses, miles de estudiantes, familias y centros educativos han vivido pendientes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Los nervios, la incertidumbre, el sacrificio y el agotamiento han marcado muchos hogares de nuestras islas.

Sin embargo, tras la publicación de los resultados por la Universitat de les Illes Balears (UIB), la incertidumbre ha dado paso a la preocupación. En la convocatoria ordinaria de 2026 aprobó el 89,6% del alumnado y, en la extraordinaria, solo el 58,8%. Aunque para muchos ha sido una sorpresa, la evolución de los últimos años ya apuntaba una tendencia descendente: del 96,7% de aprobados en 2022 al 89,6% en 2026.

Ante estos datos, quienes formamos parte de la comunidad educativa (docentes, investigadores, equipos directivos, administraciones y familias) debemos formular una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿por qué disminuye año tras año la tasa de éxito en la PAU?

Parte de la respuesta podría encontrarse en otro dato igualmente preocupante: mientras desciende el porcentaje de aprobados, la distancia entre la nota media del expediente de Bachillerato y la obtenida en la PAU sigue aumentando hasta alcanzar casi dos puntos: un 7,65 frente a un 5,769.

Si esta tendencia se consolida, podríamos estar ante una total desalineación entre la evaluación interna de los centros y una evaluación externa basada en criterios de corrección comunes para todo el alumnado. En consecuencia, no solo existiría una discrepancia entre dos sistemas de evaluación, sino también el riesgo de transmitir al alumnado una percepción de su preparación que, quizá, no se corresponda con la realidad.

Llegados a ese punto, cabe preguntarse: ¿puede responsabilizarse plenamente a los estudiantes de unas carencias que, durante años, el propio sistema les ha hecho creer que no tenían?

Responder a esta pregunta obliga a plantearse otras. ¿Se evalúa con el mismo nivel de exigencia en todos los centros? ¿Puede interpretarse del mismo modo un 9 obtenido en cualquier instituto? ¿Existen diferencias significativas entre docentes o departamentos? ¿Condicionan algunos equipos directivos las decisiones sobre promoción y titulación en mayor medida que otros? Y, si es así, ¿compiten todos los estudiantes en igualdad de condiciones cuando afrontan una prueba externa común como la PAU?

El problema es que esta dinámica puede acabar convirtiéndose en una auténtica pescadilla que se muerde la cola. Promocionar sin consolidar los aprendizajes esenciales favorece que las carencias se acumulen de una etapa a otra, desde la educación primaria y secundaria hasta la universidad, donde sus consecuencias cada vez resultan más difíciles de corregir.

Pero el debate no afecta únicamente a la promoción del alumnado. También obliga a preguntarnos si las calificaciones continúan reflejando con fidelidad los distintos niveles de rendimiento o si, por contra, se han desdibujado las diferencias entre el aprobado, el notable y el sobresaliente. Parte del profesorado considera que esta evolución se ha visto favorecida por el marco introducido por la LOMLOE, que prioriza un currículo competencial y flexibiliza aspectos como la promoción y la titulación, reduciendo así el nivel de exigencia académica. Si esa percepción es correcta, sus efectos podrían estar reflejándose ya en los resultados de la PAU.

Cuando se relativizan el esfuerzo y la exigencia, quienes terminan pagando las consecuencias son los estudiantes. Se resiente la equidad y disminuye la confianza de las familias en el sistema educativo. La educación debe sustentarse en la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, el mérito y la igualdad de oportunidades. Defender estos principios no debería interpretarse como resistencia al cambio, sino como una obligación ética con nuestros estudiantes. Porque el objetivo de un sistema educativo nunca debería ser que aprueben más alumnos, sino que cada día aprendan más.