Ni el vandalismo tiene cabida ni el malestar puede ignorarse

La detención de dos activistas en Santa Maria, investigadas por su presunta participación en actos de vandalización contra inmobiliarias, ha reabierto un debate que trasciende el propio episodio policial y conecta con el clima social que vive Mallorca a pocos días de la movilización convocada para el próximo 26 de julio. Lo ocurrido merece una doble reflexión. Por un lado, resulta necesario rechazar unos métodos de protesta que difícilmente contribuyen a fortalecer la legitimidad de las reivindicaciones. Por otro, también cabe preguntarse si la respuesta desplegada por las autoridades ha sido proporcionada a la naturaleza de los hechos investigados y al perfil de las personas detenidas. El ataque con pintadas a establecimientos privados, por más que quiera simbolizar el rechazo a un determinado modelo económico y a la masificación turística, supone un error. Además del daño a bienes, alimenta la polarización y ofrece un argumento a quienes pretenden descalificar el conjunto de un movimiento amplio y heterogéneo por la actuación de unos pocos. Sin embargo, la condena de estos actos no debería impedir un análisis sereno sobre la actuación policial y judicial. Las imágenes de las activistas esposadas, cuando habían aceptado el registro de forma voluntaria y podrían haber sido citadas a declarar como imputadas sin necesidad de pasar por los calabozos, han generado una comprensible perplejidad en amplios sectores de la sociedad. Más allá del eventual encaje jurídico, el lenguaje empleado en torno a la investigación, con referencias a un presunto grupo criminal, proyecta hacia la opinión pública una imagen de enorme gravedad, muy superior a la observada ante vandalizaciones vinculadas a otros extremos.

El Estado de derecho exige castigo a los comportamiento ilícitos, pero también que toda actuación policial se ajuste a los principios de necesidad y proporcionalidad. La investigación de los delitos corresponde a los cuerpos de seguridad y nadie puede situarse al margen de la ley apelando a la legitimidad de sus reivindicaciones. Pero precisamente porque el respeto a la legalidad constituye la base de la convivencia democrática, también resulta razonable exigir que las medidas adoptadas no transmitan una apariencia de espectacularización ni de criminalización que exceda lo estrictamente necesario. Reducir este episodio a un enfrentamiento entre quienes justifican cualquier forma de protesta y quienes aplauden cualquier respuesta policial sería una simplificación interesada. Lo sucedido constituye el síntoma visible de un malestar mucho más profundo que lleva años creciendo en Mallorca. Las movilizaciones convocadas para el 26 de julio no nacen de un escaparate roto ni de unas pintadas. Responden a una percepción cada vez más extendida de que el actual modelo económico genera cifras récord de actividad y riqueza mientras una parte importante de la población tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, emanciparse o desarrollar un proyecto vital en la isla. Mallorca bate registros turísticos año tras año, pero muchos residentes sienten que ese éxito no se traduce en un reparto equilibrado del bienestar. Ese es el verdadero debate que debería ocupar a las instituciones y a la sociedad. Porque la inmensa mayoría de quienes saldrán a manifestarse lo harán de forma pacífica, reclamando soluciones a problemas estructurales que no pueden despacharse únicamente desde la óptica del orden público.