Malas intenciones

El portavoz del PP, Borja Sémper, compareció tras el revuelo por el artículo de Rajoy hablando de la selección francesa de fútbol, con cara de circunstancias y voz rota, para asegurar que no era más que otra expresión del sentido del humor del expresidente que, aunque destilaba sarcasmo, estaba dicha sin mala intención. La brutal reacción del Gobierno lanzado en tromba contra Rajoy ejemplifica el estado terminal de un Gobierno acorralado por la corrupción. Que un partido como el PSOE aliado con Bildu, PNV y Junts, racistas, con sus maquetos y sus charnegos, toque a rebato y exijan al pobre Feijóo que condene a Rajoy por racista es toda una contradicción y una absoluta desproporción. El Gobierno está tan a la defensiva que no desprecia ni el más mínimo motivo para acometer contra la oposición. De hecho, desde su inicio, el Gobierno no ha gobernado sino tratado de impedir que la oposición pudiera llegar a hacerlo.

Ahora bien, por muy escandalosa que haya sido la reacción del Gobierno, la excusa de Sémper para defender a Rajoy, el «sin mala intención», es un sintagma injustificado. Lo que se juzga de la gracieta periodística de Rajoy no es si había o no mala intención en ella, propia de un reaccionario castizo de un casino pontevedrés, sino su significación. Esa no puede ser otra que una evidente torpeza, impregnada eso sí, de un aroma racista, impropia de un expresidente de España que debería pensar lo que dice. Rajoy ha sido un pésimo gobernante, procrastinador, vago, incumplidor de sus compromisos electorales, incapaz de afrontar los retos políticos del nacionalismo y, encima, ufano de un pretendido sentido de la ironía. Rajoy es un frívolo, como ha demostrado en el Congreso coqueteando con Pablo Iglesias y atacando personalmente a la Rosa Díaz de UPyD. Ahora, tras su metedura de pata que ha ofendido a Francia, ha tenido el cuajo de no emitir ni la más mínima disculpa. A ese derelicto decimonónico no se recata en mostrar Feijóo en todo acto público del PP, lo que constituye otro argumento en su contra, de Feijóo, claro. Ya empiezan a ser incontables. El último, su desafortunada intervención sobre el absentismo laboral sobre el que ha tenido que matizar Sémper. Feijóo no ceja de ofrecer ocasiones pintiparadas al PSOE para embestirle, venga o no a cuento, sea por sus declaraciones sobre Junts, la amnistía, el aborto, la ley electoral, la ley de nietos, etc. Un presidente que no lidera los acontecimientos sino que los persigue, que ofrece al adversario todos sus flancos vulnerables, que obliga a los propios a que le maticen, no puede sino incitar a la desconfianza a los que desesperan por una alternativa regeneradora.

La condena unánime de nueve años de inhabilitación a David Sánchez por prevaricación ha encrespado a todo el Consejo de Ministros, desde la portavoz Elma Sáiz hasta el nada circunspecto Óscar Puente. El coro de papagayos ha repetido por activa y pasiva que el hermano del presidente es inocente, como ya se había encargado de explicar el presidente: «el fiscal general es inocente, mi hermano es inocente, mi esposa es inocente». De momento, lo acreditado por la justicia es que Álvaro García es un delincuente, que David Sánchez es otro y ya veremos cómo calificará a Begoña Gómez. Eso sí, a la vista de la inmensa conmoción entre todos los lacayos del PSOE, ese antiguo partido convertido en perrito faldero del señor presidente, en el que destaca por méritos propios ese fino y sutil portavoz parlamentario llamado Patxi López, se puede colegir que no defienden a un líder del partido, sino al jefe de un clan familiar que se ha apoderado del Estado. Esa constatación se fundamenta en que es la parte más cercana al presidente de los encausados la que provoca más rasgado de vestiduras. Ni David Sánchez es ministro ni alto cargo político ni lo es Begoña Gómez. En el caso del primero, no se ha podido probar si su ascenso a un puesto bien retribuido de la Diputación de Badajoz era debido a la influencia del presidente o si lo había sido para agradarle. Todo gira en torno a Sánchez; de ahí el mensaje de wasap de Leire Díez a Juan Manuel Serrano, nuevo imputado, el amigo personal de Sánchez que dejó Correos con una deuda de 1.200 millones de euros: «me pondrá en un altar». En el caso de la inocente Begoña, con formación de exquisita rectitud moral, ¿quién osaría atribuir a oscuros manejos su dirección de una cátedra sin ser licenciada en la Complutense; ser recibida por los presidentes de las más importantes empresas españolas, Telefónica, Indra, Google, para obtener un software inscrito a su nombre; ser subvencionada por Globalia para su Africa Center y ser escuchadas sus recomendaciones a favor de las empresas de Barrabés? Pero las acusaciones de lawfare a los jueces no son otra cosa que la malintencionada y desesperada huida hacia adelante de un Gobierno acorralado por la corrupción. El Estado está colonizado por Sánchez, sus socios enchufados al respirador de sus cargos, el Parlamento controlado por la Mesa en la que reina la marioneta de Sánchez, el cariño de Koldo, el TC en manos de Pumpido. Sólo hay un poder del Estado de derecho que le planta cara, los jueces. Por eso, les acusan de pretender derrocar al Gobierno. No son los jueces quienes le van a derrocar, son sus corrupciones.