Cuando exponer sale más caro que vender

En las próximas semanas vence el plazo de inscripción de una convocatoria pública para artistas que expondrán su obra en un espacio emblemático de un municipio de Mallorca. Las bases son públicas y merece la pena leerlas con detenimiento, porque retratan con precisión un modelo que se repite, con variaciones menores, en buena parte de la programación cultural de la isla.

La convocatoria no ofrece dotación económica. El artista seleccionado debe asumir el transporte de su obra, el embalaje, el montaje y desmontaje, la instalación eléctrica y el seguro. Además, debe firmar una declaración responsable en la que exime a la administración organizadora de cualquier responsabilidad ante robos, roturas o desperfectos durante el evento. Y, por si fuera poco, las bases especifican que se trata de una actividad «estrictamente expositiva y no comercial»: el artista no puede vender su obra en ese contexto.

Repasemos la cuenta. El artista paga el transporte. Paga el seguro. Asume el montaje. Renuncia a cualquier compensación si algo sale mal. Y, encima, no puede recuperar ni una parte de esa inversión a través de la venta. La institución, por su parte, aporta el espacio público y la difusión del evento.

Cuando el riesgo tiene un solo dueño

No se trata de un caso aislado ni de una anomalía puntual. Es, más bien, una fórmula habitual: la administración organiza, convoca y difunde; el artista produce, transporta, instala, asegura y responde. La «visibilidad» figura como la única contraprestación.

Cabe preguntarse si ese reparto resistiría el mismo análisis en cualquier otro ámbito de la contratación pública. Difícilmente una administración firmaría un contrato de suministro donde el proveedor asuma todos los costes y todos los riesgos, sin cobrar nada a cambio, a cambio únicamente de que su nombre figure en un cartel.

Una propuesta concreta, no una queja

No planteamos esto como una crítica al esfuerzo de quienes organizan estos eventos, que a menudo trabajan con presupuestos culturales muy ajustados. Planteamos una alternativa realista: que las bases de este tipo de convocatorias incluyan, como mínimo, un seguro colectivo contratado por la propia institución para todas las obras expuestas, y la posibilidad —no la obligación— de que el artista pueda vender directamente su obra durante el evento.

Son dos medidas de coste bajo o nulo para la administración que cambiarían sustancialmente el equilibrio de la propuesta. Ninguna de las dos exige presupuesto adicional significativo; ambas exigen, simplemente, voluntad de revisar el modelo.

Con el plazo de inscripción todavía abierto, este es precisamente el momento en que estas cuestiones pueden plantearse con utilidad: no como balance posterior, sino como propuesta a tiempo de que las próximas ediciones —de esta y otras convocatorias similares— incorporen condiciones más equilibradas para quienes, en último término, son el contenido mismo del evento.