Palma castiga a las víctimas del ruido nocturno

Multa contra las víctimas del ruido y protección para los infractores. El mundo al revés. El Ayuntamiento de Palma sancionó este viernes con 240 euros a la asociación de vecinos de sa Llotja-es Born por colgar carteles contra el ruido en cuatro calles del barrio. Parece una anécdota, pero no lo es. Las banderolas, con el lema ‘El renou és tortura’, formaban parte de una campaña conjunta en la que también participaban las asociaciones vecinales de Santa Catalina, es Jonquet y el Passeig Marítim, las zonas de Palma históricamente más castigadas por el ruido generado por el ocio nocturno. Y también los barrios donde el Ayuntamiento ha demostrado una mayor manga ancha y comprensión con actividades de bares y restaurantes que no siempre estaban amparadas por las ordenanzas municipales. En unos casos, mirando hacia otro lado; en otros, bordeando la negligencia ante el alud de denuncias ciudadanas acumuladas.

De un ayuntamiento se espera sensibilidad hacia los problemas de los ciudadanos y un compromiso firme para resolverlos. No que los ignore y, mucho menos, que intente amedrentar a quienes los denuncian mediante con sanciones. Porque cuando una administración castiga antes a quienes denuncian un problema que a quienes lo provocan, el mensaje que envía a los ciudadanos resulta profundamente desalentador.

Todo ello resulta aún más grave si se tiene en cuenta que los tribunales consideran hoy que el ruido excesivo y persistente que impide el descanso vulnera derechos fundamentales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la integridad física y psíquica. Y, aunque el camino para obtener una sentencia firme contra el ruido sea largo, costoso económicamente y lleno de dificultades, ya existen precedentes judiciales de ayuntamientos condenados por no tramitar con la diligencia debida las denuncias por contaminación acústica.

Que no se permita a un barrio tan legitimado como sa Llotja protestar contra el ruido, cuando incluso fue declarado Zona Acústicamente Contaminada entre 1995 y 1999, clama al cielo y constituye un ataque directo a la libertad de expresión.

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