Una aclaración necesaria

Hace unas semanas tuve el placer de conversar con la directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo en la sede de este organismo en Madrid. La conversación, que empezó con cuestiones profesionales de interés común, derivó de manera natural hacia temas más personales. En un momento dado, me explicó los dos consejos más importantes que, a su juicio, le había dado su padre: cuidar siempre el buen nombre, porque es lo que finalmente queda de una persona, y no hacer nunca nada que pudiera avergonzar a sus hijos.

Creo no haber hecho jamás nada que pueda avergonzar a mi hija. Y espero no hacerlo nunca. Pero sí creo que ha llegado el momento de velar por mi buen nombre y, también, por la imagen de la institución que represento.

Hace unos días, este periódico publicaba una noticia con un titular especialmente llamativo: ‘El rector de la UIB suprime la plaza que otorgó a su único rival tras retirar la candidatura en las elecciones’. El contenido de la información podía inducir a una interpretación profundamente injusta de los hechos y, además, volvía a poner en cuestión mi legitimidad como rector a partir del resultado de las elecciones celebradas en mayo de 2025.

Quienes conocen bien la universidad pública, sus procedimientos y la organización de la investigación saben situar adecuadamente este tipo de informaciones. Pero no toda la ciudadanía tiene por qué conocer el funcionamiento interno de una universidad. Y cuando se proyecta una sombra de duda sobre quien la representa, no solo se daña una reputación personal: también se resiente la confianza en la propia institución. Por eso considero necesario aclarar los hechos.

Empezaré por mi legitimidad como rector. En contra de lo que a veces se ha sugerido, en las elecciones de 2025 no bastaba con presentarse en solitario para ser elegido. Tras la entrada en vigor de la Ley orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del sistema universitario, el voto en blanco computa y el candidato debe obtener más del 50% de los sufragios ponderados. En mi caso obtuve el 53,35% de los votos ponderados, frente al 46,65% de voto ponderado en blanco.

Ese resultado debe leerse en su contexto. En las elecciones a rector celebradas en la UIB, los porcentajes que han dado la victoria al candidato finalmente investido han oscilado, en general, entre el 52,68% y el 59,45%, con la excepción de las elecciones de 2021, en las que fui elegido con el 63,53% de los votos ponderados. Si atendemos al sector A —profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad—, los porcentajes obtenidos por los rectores que me han precedido se sitúan entre el 55,40% y el 60,84%. En 2021 obtuve el 64,96% y en 2025 el 64,42%. Son datos relevantes, porque en este sector, y en el conjunto de las universidades públicas, resulta muy difícil encontrar apoyos que superen claramente el 60%.

Tampoco las elecciones celebradas en otras universidades públicas tras la entrada en vigor de la LOSU ofrecen un panorama sustancialmente distinto. Ha habido rectores elegidos con porcentajes muy ajustados (apenas décimas), candidaturas únicas que no superaron inicialmente el voto en blanco y procesos que tuvieron que repetirse. Todo ello forma parte del nuevo marco electoral universitario. A la vista de estos datos, creo sinceramente que mi legitimidad como rector de la UIB está fuera de toda duda.

La segunda cuestión es aún más sencilla. El Dr. Joan Estrany no recibió ninguna «plaza» otorgada por el rector. Su plaza es la de catedrático de universidad, obtenida por méritos propios tras superar un proceso de acreditación estatal y, posteriormente, el correspondiente concurso-oposición. Lo que se menciona en la noticia no es una plaza, sino su nombramiento como director de RiscBal, una responsabilidad que no llevaba asociada remuneración económica ni reconocimiento docente alguno.

Conviene explicar brevemente el contexto. En febrero de 2024, más de un año antes de las elecciones a rector, el Consell de Govern de la UIB aprobó un acuerdo normativo para ordenar las estructuras de investigación y transferencia del conocimiento de la Universidad. A partir de ese acuerdo, los grupos de investigación existentes debían adaptarse a distintas tipologías, con requisitos diferentes en cada caso.

El Dr. Estrany lidera un grupo de investigación consolidado con un alto nivel de actividad, probada capacidad de captación de financiación competitiva y una destacada vocación de transferencia de conocimiento. Por ello se constituyó RiscBal como centro de servicios e infraestructuras científico-técnicas, en paralelo a la constitución de otros centros como el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial (BSAI) o el Centro Multidisciplinario de Biodiversidad de Balears (CMBB). La naturaleza y misión de estos centros implica, entre otras obligaciones, la provisión de servicios y datos a la comunidad. Optar por no hacerlo es una decisión plenamente legítima y comprensible. RiscBal genera datos obtenidos mediante proyectos de investigación financiados externamente y logrados en concurrencia competitiva con otros grupos nacionales e internacionales. Ahora bien, esa opción no se ajusta a la naturaleza y requisitos de aquella categoría concreta de centro.

Por este motivo, RiscBal deja de estar encuadrado como centro de servicios e infraestructuras científico-técnicas, y el grupo de investigación continúa y continuará desarrollando su actividad, liderado por el Dr. Joan Estrany como investigador principal e integrado en otra modalidad de estructura de investigación. Nada más. No hay supresión de una plaza, no hay pérdida de una posición remunerada y no hay represalia alguna.

La investigación universitaria tiene sus propias normas y procedimientos. Pueden parecer complejos desde fuera, y precisamente por eso estamos siempre dispuestos a explicarlos con transparencia. Lo que no resulta justo es convertir decisiones técnicas y organizativas en relatos de sospecha que dañan gratuitamente a personas concretas y a la universidad pública.

La UIB es una institución pública, financiada en gran medida con los recursos de todos. Esa financiación permite que la universidad sea un verdadero ascensor social, que miles de jóvenes puedan acceder a estudios superiores en condiciones que nada tienen que ver con los costes de una universidad privada, y que desde las Illes Balears contribuyamos de manera decisiva a la generación de conocimiento, investigación e innovación. El apoyo del Govern de les Illes Balears a la UIB, y el trabajo conjunto entre ambas instituciones, están siendo fundamentales para reforzar esta misión y para contribuir, desde el conocimiento, a transformar positivamente nuestra sociedad.

La crítica a la universidad, pública o privada, es legítima. Pero debe basarse en hechos, no en insinuaciones. Por mi buen nombre, por respeto a la comunidad universitaria y por responsabilidad hacia la institución que represento, creo que esta aclaración era necesaria.