Secuestrar la política: jueces y democracia

La acción política, concretamente la democracia representativa, se ejerce a través de los diversos procesos electorales donde los ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir entre diversas propuestas políticas y candidatos cuyos resultados conforman las mayorías parlamentarias, que posibilitan la formación del poder ejecutivo, léase gobierno, y la aprobación/rechazo de propuestas legislativas.

Atravesamos una crisis política. Sin duda es un hecho constatable que existe un clímax, un estado de ánimo de malestar social y de desarraigo político provocado por los «comportamientos y malos usos» de las instituciones representativas (los Parlamentos) convertidas en simples campos de batalla; y del ejercicio del poder ejecutivo (los Gobiernos), gestionando la res publica no siempre en favor de la ciudadanía. Tal desorden político se visualiza en los partidos que pierden representatividad y capacidad de intermediación, convertidos en puras máquinas electorales. El desorden político se explica (no se justifica) también por otras tendencias: por la menguante participación electoral en el mundo; por el aumento de la polarización y la volatilidad; por un pesimismo generalizado sobre el futuro; por la percepción extendida de que los políticos tradicionales no se preocupan de lo que piensa y quiere la ciudadanía.

El pleno del Congreso de los Diputados ha vivido esta semana una jornada histórica, aunque no precisamente por sus mejores razones: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido a petición propia para dar explicaciones sobre la avalancha de causas judiciales que rodean a su entorno más cercano. Ábalos y Koldo García, con penas solicitadas de hasta treinta años de cárcel. Su hermano, David Sánchez, en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz. Su esposa, Begoña Gómez, bajo investigación por tráfico de influencias. Santos Cerdán, Leire Díez, la imputación (pasmosa y sin precedentes) del expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra. Nueve causas activas que dibujan un escenario judicial sin parangón en la historia reciente de nuestra democracia.

La pregunta no es si los investigados son culpables o inocentes: para eso están los tribunales y rige la presunción de inocencia. La pregunta es otra y es política: ¿quién gobierna realmente este país? ¿Los representantes elegidos por la ciudadanía o los juzgados de instrucción? La respuesta honesta obliga a distinguir dos cosas que no son lo mismo. Una es la corrupción, que debe perseguirse con todo el rigor del Estado de derecho. Otra, muy distinta, es la instrumentalización política de la justicia. Confundirlas, o mezclarlas deliberadamente, es, precisamente, parte del problema.

La derecha y la extrema derecha, léase el PP y Vox, llevan años cultivando una estrategia muy precisa: si no tienes números para ganar en el Parlamento, asfixias al adversario con el ruido de los juzgados y los focos mediáticos. Los casos Gürtel, Púnica, Kitchen o los ERE no son una excusa para el PSOE, pero sí son un espejo en el que el PP debería mirarse antes de erigirse en guardián de la moral pública. La diferencia es que cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta, la corrupción no se investigaba: se tapaba. Que hoy exijan responsabilidades ajenas dice más de su estrategia que de su ética.

La aritmética parlamentaria es inapelable: el PP necesita el apoyo de Junts y el PNV para sacar adelante cualquier moción de censura y ni los unos ni los otros están, de momento, dispuestos a darse la mano con Abascal. Del dicho al hecho sigue habiendo un gran trecho y Feijóo lo sabe. Por eso ha optado esta semana por una táctica más sutil: mociones en el Senado y el Congreso para forzar elecciones anticipadas o una cuestión de confianza, ejercicios sin valor jurídico vinculante, pero con enorme rendimiento político y mediático. La presión funciona, aunque la moción no prospere: la legislatura se erosiona, los socios de investidura se alejan, el desgaste se acumula.

La pregunta, pues, es la siguiente: ¿Cómo recuperamos la res publica? ¿Cómo devolvemos la política a la esfera que le corresponde, el debate de ideas, el conflicto de intereses legítimos, la construcción de mayorías parlamentarias, sin que todo quede secuestrado por la lógica judicial y el espectáculo mediático que la acompaña? La política no puede consistir en ganar o perder causas judiciales. La democracia representativa no puede sobrevivir convertida en un reality de imputaciones. Necesitamos un buen gobierno, con exigencia moral hacia sus propias filas y una buena oposición que proponga alternativas reales en lugar de alimentar el incendio. Nadie, ningún ciudadano ni ningún partido, debe renunciar a su ideología. Pero la escucha, el debate y el diálogo son imprescindibles.

En 1984, Enrico Berlinguer advertía que sin moral no hay política posible y sin política no hay solución a los problemas de la gente. Cuarenta años después, la advertencia sigue sin ser escuchada. La justicia no puede ser arma arrojadiza para no hacer política. Porque el resultado siempre es el mismo: la ciudadanía contempla cómo sus problemas reales, la vivienda, el empleo precario, los salarios, la sanidad pública, quedan ahogados bajo toneladas de papel judicial y titulares de escándalo.

Si queremos salir victoriosos de la crisis política y social que sufrimos, necesitamos un buen gobierno, con exigencia moral hacia sus propias filas, y una buena oposición que proponga alternativas reales en lugar de alimentar el incendio. Tenemos pendientes asignaturas de índole política y socioeconómica que no permiten dejarlas para mejor ocasión. Nadie, ningún ciudadano ni ningún partido, debe renunciar a su ideología. Pero la escucha, el debate y el diálogo son imprescindibles.

La realidad, sin embargo, es terca. Y lo que nos dice es que necesitamos, con urgencia, recuperar la política. No para salvar a ningún partido. Para salvarnos todos.

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