Ni negar la saturación ni señalar al inmigrante

El proceso de regularización de inmigrantes en España ha superado con creces las previsiones iniciales, con 1,17 millones de solicitudes, de las que 34.166 corresponden a Balears, el doble y el triple de lo esperado, respectivamente . Un error de cálculo estrepitoso. A falta de conocer cuántos cumplen los requisitos y acabarán obteniendo la nacionalidad y de computar las demandas de reagrupamiento que puedan derivarse, el debate abierto en las islas entre fuerzas conservadoras y progresistas y entre los gobiernos autonómico y central corre el riesgo de instalarse en una falsa dicotomía. Como si hubiera que elegir entre reconocer que las islas han alcanzado un evidente límite de crecimiento o defender los derechos de los inmigrantes. La saturación existe y es multifactorial. Al desbocado crecimiento demográfico de la comunidad, atractiva para instalarse por su belleza y oportunidades de empleo y negocio, se suma el abundante flujo turístico. Vamos por los veinte millones de visitantes anuales con todo lo que conlleva. La cara oculta de este dinamismo es conocida: una vivienda inaccesible para buena parte de la población, carreteras colapsadas, servicios sanitarios y educativos sometidos a una enorme tensión, infraestructuras al límite y unos recursos naturales cada vez más expuestos. Pero reconocer esa evidencia no puede conducir a un error igualmente grave: convertir la inmigración que ya está aquí, pero carece de papeles, en el chivo expiatorio de un sistema que lleva tiempo mostrando señales evidentes de agotamiento por decisiones políticas y económicas acumuladas durante años.

En este clima de polarización, las organizaciones empresariales alertan desde hace tiempo de que Balears apenas dispone de trabajadores suficientes para sostener su actividad. La hostelería, la construcción, el comercio, la agricultura o los cuidados sufren enormes dificultades para cubrir sus plantillas. Algunas empresas reducen horarios, otras limitan servicios y otras renuncian a parte de su actividad porque simplemente no encuentran personal. Hoy por hoy, la economía balear necesita trabajadores y una parte de esa mano de obra procede de esos aspirantes al DNI. Es una realidad tan objetiva como la saturación territorial. Precisamente por eso el debate debería abandonar los discursos populistas y los intereses partidistas para centrarse en la gestión corresponsable de todas las administraciones implicadas. Balears ha de ordenar su crecimiento y reconducir su modelo económico para descongestionar, además de contar con la adecuada financiación para dotar a los ciudadanos de los servicios e infraestructuras adecuadas. Pero también necesita orillar la tentación, tan rentable electoralmente como injusta e inhumana, de señalar la inmigración como causante de problemas de raíz mucho más compleja y cuya superación empieza por propiciar oportunidades y ordenar los flujos en los lugares de origen de la estampida. Quienes logren la regularización no deberían contemplarse como una dificultad por gestionar, sino como ciudadanos plenos, con derechos y obligaciones, que deben formar parte de la solución ante desafíos compartidos. Negar cualquiera de estas dos realidades empobrece y envenena el debate público. Asumir ambas es el único camino para construir una política migratoria responsable, compatible con los límites del territorio y fiel a los principios de una sociedad abierta, democrática y cohesionada.