Opinión
Ordenar el litoral, salvaguardar el paraíso de es Trenc

Una pareja camina por la orilla de la playa de es Trenc. / Tomeu Obrador
La gestión de la costa en Balears constituye uno de los debates políticos, ambientales y sociales más sensibles. La fragilidad de los ecosistemas litorales, la elevada presión urbanística y turística y el impacto creciente del cambio climático convierten cada decisión en un delicado ejercicio de equilibrio entre conservación y desarrollo. El Govern de Marga Prohens ha dado un paso histórico con la aprobación del proyecto de la primera Ley de Ordenación, Protección y Gestión Integral del Litoral de Balears, una norma que aspira a dotar a la comunidad de un marco propio para gestionar unas competencias asumidas recientemente y adaptar la regulación a la realidad insular. A falta de conocer el texto definitivo, se han avanzado novedades como la protección de construcciones tradicionales vinculadas a la actividad pesquera, como los escars, la limitación a diez nudos de la velocidad de embarcaciones de gran eslora y motos de agua cerca de la costa, una mayor participación de los consells en la planificación litoral y la simplificación de determinados procedimientos administrativos en el dominio público marítimo-terrestre, que quedarán en manos de los ayuntamientos. En este contexto, las patronales de chárter náutico AECIB y APEAM reclaman a la Administración mayor firmeza frente al intrusismo, mano dura contra los piratas que operan al margen de la ley , contra quienes crean boyas ilegales lanzando garrafas rellenas de hormigón al fondo marino y contra los «irresponsables» que vinculan el mar a los excesos de fiesta, velocidad y postureo en redes. El hartazgo ante el desmadre se generaliza a diestro y siniestro.
El arranque de esta primera Ley de Costas, que deberá someterse al debate parlamentario, coincide con un clima de fuerte confrontación entre el Govern y las principales organizaciones ecologistas a raíz de las modificaciones introducidas por la denominada Ley Ómnibus, aprobada con los votos del PP y Vox. El foco del conflicto se sitúa especialmente en es Trenc, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mallorca y símbolo histórico de la defensa ambiental. Colectivos como GOB, Terraferida y la plataforma Menys Turisme Més Vida se han unido para alertar de que esta nueva regulación podría abrir la puerta a usos turísticos, urbanísticos o económicos que hasta ahora encontraban mayores restricciones. Como respuesta, han convocado una cadena humana el próximo domingo para escenificar la desaprobación ciudadana a la progresiva desprotección del territorio. Desde el Govern rechazan de plano esta interpretación y acusan a los ecologistas de alarmar con «bulos». Prohens asegura que es Trenc no está en peligro, que tan solo se quiere poner fin a «una anomalía» que obliga a pasar por el Parlament cualquier cambio en el plan de ordenación de es Trenc, mientras que para el resto de parques naturales basta un decreto del Govern. Un cambio de rango normativo que representa un matiz administrativo para la presidenta y una cuestión nuclear para los ecologistas. En una comunidad donde el litoral constituye uno de sus principales activos ambientales y económicos, el debate trasciende la discusión jurídica y se convierte en una cuestión de modelo territorial. El reto será encontrar un equilibrio capaz de compatibilizar la preservación de unos ecosistemas especialmente vulnerables con las necesidades de gestión de un territorio sometido a una intensa presión humana y turística, manteniendo intacta la confianza de la sociedad en que es Trenc seguirá siendo uno de los grandes tesoros de la isla.
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