Arrepentidos del mundo, uníos

El PP había demostrado una supremacía incontestable en el apartado de la corrupción, así que la sorpresa radica en la dura competencia que plantea hoy el PSOE en campo ajeno. Sin embargo, el cambio más importante registrado en un fenómeno típicamente español desde el Lazarillo no reside en el volumen creciente de lo robado, ni en el listado también en auge de personas involucradas. La sentencia del Tribunal Supremo contra Ábalos decreta el fin de la ley del silencio. Arrepentidos del mundo, uníos.

El Supremo es el único poder legislativo vigente ante la parálisis del Congreso, y la élite de la magistratura acaba de instaurar la figura de la colaboración con la justicia a coste cero, una figura muy criticada por los expertos en sentencias comparadas pero fundamental para detener a las mafias. En escándalos de corrupción pioneros como el Túnel de Sóller, el popular Gabriel Cañellas contó con la mudez cómplice de sus dos compañeros de banquillo, un silencio imprescindible para que los tres fueran absueltos por prescripción. Al juicio se presentó como testigo el ejecutivo de una de las empresas sospechosas, el cual asumió la culpa íntegra de un escándalo que a todas luces desconocía, para exonerar a sus amos.

Las fidelidades ya no son como antes. El popular Jaume Matas, tantas veces nombrado en el pleno del pasado miércoles y uno de los cinco ministros españoles que han pasado por la cárcel, observó como se desmoronaba la red de complicidades tejida a su alrededor. Los teóricos subordinados se desembarazaron del genérico «Hágase», que servía de parapeto al titular de Medio Ambiente de para excusarse del desarrollo de sus manejos. Las condenas cayeron en cadena, los soplones fueron excusados.

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón fueron los protomártires de la estampida de los funcionarios y de los antiguos socios, al abrirse las esclusas del proceso penal. Los miembros de la Familia Real no podían imaginar tamaña descortesía, contraria al protocolo exigible en una monarquía y que causó estupor en la Casa del Rey. En contra de acendradas tradiciones, nadie está hoy dispuesto a ir a la cárcel para purgar culpas ajenas. El Supremo se ha limitado a acentuar la exculpación con un premio a los ‘pentiti’, que adquieren de facto el rango de testigos protegidos a salvaguardar.

Ábalos cometió el error de confiar en primer lugar en el silencio de sus compinches, y en segundo dio por garantizada la munificencia de los tribunales respecto de los personajes en el poder. Su comportamiento le pertenece en exclusiva, pero alguien de su partido cesarista debió formularle el «recuerda que eres mortal», antes de que la situación se degradara hacia un perfil irreversible.

Cualquier observador neutro del interrogatorio del instructor Leopoldo Puente a los integrantes de la organización criminal advertiría las negras perspectivas para Ábalos y compañía, a excepción del delator. Resulta como mínimo confuso adjudicar a Aldama la categoría de «corruptor», con la apenas disimulada pretensión de colocarlo en un escalón superior que no le corresponde, para insinuar que se ha liberado a Satanás. En el fondo, se clasifica a los políticos como criaturas bienintencionadas pero indefensas, presas fáciles para los buitres que revolotean alrededor de los millonarios presupuestos de la Administración.

Esta concepción seráfica de los cargos electos viene desmontada por la realidad. En más de una ocasión, son los propios políticos corruptos quienes reclaman una mordida que no se les hubiera concedido en caso contrario, el famoso tres por ciento que se habría rebajado a un uno por ciento en Plus Ultra según la investigación. Y también con frecuencia, desde el propio poder se formulan las exigencias a priori, sin necesidad de un ‘tutorial’ mafioso. Así ocurrió, por cierto, en la condena a Ábalos, de acuerdo con la sentencia del Supremo que por fin permite eliminar las presunciones.

La intensidad desplegada por Ábalos y Koldo no necesitaba de una energía de activación ajena. Al contrario, el propio «corruptor» declaró en la Audiencia Nacional que había tenido que frenar las pretensiones económicas desorbitadas de sus socios malhechores. Otorgar la gestión del entramado en exclusiva a Aldama, que durante el juicio se adjudicó la cuarta posición jerárquica en el único rasgo de modestia de su biografía, supone un desprecio a las habilidades de sus compañeros de fechorías.

Un nuevo caso de corrupción se recibe con el asombro fingido que acoge cada verano al progreso imparable del cambio climático. Sánchez reiteró el miércoles en el Congreso su famosa tesis de que no existe la corrupción cero. Debió añadir que tampoco existe el corrupto ideal, dispuesto a asumir todas las culpas en nombre de los altos cargos. El escándalo del PSOE por la absolución de facto de Aldama es ficticio, porque en realidad le duele que la colaboración del delincuente haya acelerado la investigación penal, de modo que la condena de un ministro llega por primera vez con el Gobierno donde sirvió en ejercicio. Y el dicharachero empresario no «acusa sin pruebas», porque los socialistas lo introdujeron en su sanctasanctórum.

Suscríbete para seguir leyendo